El Municipio de Comodoro Rivadavia rechaza el paro de la UTA por considerarlo una extorsión

El municipio de Comodoro Rivadavia emitió un comunicado en respuesta a la movilización de trabajadores de Patagonia Argentina, quienes protestaron por la falta de garantías para el traspaso de todos los empleados a la nueva empresa que asumirá la concesión del servicio de transporte desde el 1º de agosto. La protesta, que incluyó un paro de colectivos, dejó a la ciudad sin transporte público desde las 9 de la mañana.

Desde el municipio se criticó la medida de fuerza, señalando que el paro perjudica a los ciudadanos. Aseguraron estar cumpliendo con sus obligaciones, manteniendo un subsidio mensual de más de 2.200 millones, y expresaron que el reclamo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) era "ilógico" y que debería dirigirse a la empresa que emplea a los trabajadores, no al municipio.

Las autoridades locales recordaron que, históricamente, el gobierno municipal había aportado un porcentaje del 2% a la empresa Patagonia Argentina para evitar despidos. Además, enfatizaron que la medida de fuerza dejó a profesionales de la salud, estudiantes y trabajadores sin poder desempeñar sus funciones, lo cual agrava la situación económica de la ciudad en un momento ya crítico.

El intendente Othar Macharashvili conversó con su equipo legal para evaluar las acciones a seguir ante lo que considera una "extorsión" por parte de la UTA. En este contexto, el gremio defendió su postura argumentando que la protesta era una asamblea y no un paro propiamente dicho, indicando que busca asegurar la continuidad laboral de todos los empleados despedidos por la concesionaria saliente.

Alejandro Quintero, secretario de Prensa de la UTA en Comodoro, afirmó que la nueva empresa ya está contactando a algunos trabajadores, pero advirtió que muchos podrían quedar sin empleo. Explicó que no han recibido convocatorias adecuadas para discutir el proceso de traspaso e insistió en que la transición debe respetar los acuerdos previos a la licitación, en la que se estipula que ningún trabajador perdería su puesto.

El conflicto pone de manifiesto la fragilidad del empleo en el sector del transporte en la ciudad, donde el futuro de aproximadamente 75 familias ahora podría quedar en entredicho tras el cambio de concesión. Por el momento, las partes continúan en un tira y afloja, sin que se vislumbre una solución inmediata y con una comunidad que enfrenta las consecuencias de la falta de transporte público efectivo.