El nuevo operador de AySA deberá invertir más de 2.000 millones de dólares

El Ministerio de Economía argentino confirmó que el nuevo operador de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que asumirá el control entre enero y febrero de 2027, deberá invertir más de 2.000 millones de dólares durante los primeros cinco años de la concesión. Este consorcio se encargará de prestar servicios de agua y cloacas a aproximadamente 14 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios cercanos.

El contrato tendrá una duración de 30 años, con posibilidad de extensión por 10 años adicionales, y establece un plan de acción detallado para el periodo 2027-2031 que asigna cerca del 40% de la inversión a obras de mantenimiento, renovación de infraestructura y mejoras de eficiencia en el sistema. Aunque el Gobierno buscaba propuestas que alcanzaran los 450 millones de dólares, las ofertas presentadas fueron significativamente más bajas, destacando la del grupo de Mauricio Filiberti, que ofreció 340 millones.

La última estimación detalla que se destinarán 2,89 billones de pesos, a valores a diciembre de 2025, hacia la expansión y mejora del sistema. Este plan tiene como objetivo aumentar la cobertura de servicios, cuya calidad ha sido cuestionada debido a que actualmente se reporta un 42% de pérdidas en la red de distribución de agua, lo que representa un desafío considerable para el nuevo operador.

A medida que avancen las inversiones, se espera que para fines de 2031 la cobertura en agua potable alcance el 75,3% y el 63,9% en cloacas. Las proyecciones son aún más ambiciosas, buscando un mínimo del 90% en agua y 75% en cloacas para el cierre de la concesión en 2056. Estas metas son escalonadas y están condicionadas a las inversiones realizadas por el consorcio.

A través de esta privatización, se busca que el sector privado asuma las operaciones y las responsabilidades de inversión, mientras que el Estado se centrará en la regulación y supervisión del servicio. Un 10% de las acciones de AySA permanecerá en manos de los trabajadores para asegurar su participación en la empresa.

Este cambio en la gestión de AySA se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio del Gobierno por mejorar la infraestructura de servicios públicos y la eficiencia en la operación de compañías estatales, en un contexto donde la calidad de los servicios de agua y saneamiento son vitales para el bienestar de la población.