El oficialismo obtuvo media sanción para ley de propiedad privada con cambios importantes

En la madrugada del 7 de agosto, el Senado aprobó la media sanción del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 37 votos a favor y 33 en contra, en medio de un fuerte despliegue policial debido al reclamo social en las cercanías del Congreso. Esta victoria para el oficialismo, representado principalmente por La Libertad Avanza (LLA), vino acompañada de la renuncia a dos capítulos relevantes de la propuesta, lo que marca un hito en el contexto legislativo actual.

El proyecto, que busca modificar la forma en que se manejan los desalojos y las expropiaciones, se vio afectado por la necesidad de eliminar el capítulo que proponía cambios en la Ley de Manejo del Fuego, el cual fue criticado por su posible inconstitucionalidad. Además, un apartado que abordaba la extranjerización de tierras ya había sido descartado horas antes de la votación, lo que evidencia la debilidad en el apoyo legislativo del oficialismo y la falta de consenso entre sus aliados.

Entre los cambios que quedaron en la versión aprobada, se incluye un endurecimiento de los criterios en materia de expropiaciones, donde se exigirá que la declaración de utilidad pública sea específica y justificada. También se establece que los criterios de expropiación deben ser interpretados de manera restrictiva, así como el reconocimiento de un tope para el lucro cesante. Esta modificación se enmarca en el marco de la ley 21.499.

Otro aspecto relevante es la revisión de la ley Pierri, que facilitará la obtención de títulos de propiedad a quienes ocupen inmuebles de manera pacífica por un periodo de diez años. Esta medida responde a las crecientes demandas de regularización de ocupaciones en contextos de informalidad habitacional.

Adicionalmente, se modificará el Código Procesal Civil y Comercial para que los desalojos se tramiten a través de un juicio sumarísimo, acortando los tiempos de litigio. La legislación establece un plazo de diez días corridos para que el locador inicie los trámites correspondientes al desalojo, lo que podría generar que la población afectada enfrente un proceso judicial más rápido pero también más vulnerable.

El avance de este proyecto refleja la tensión entre la necesidad de salvaguardar la propiedad privada y la crítica a las políticas de desalojo y expropiación, en un contexto social tenso donde las voces en contra de la ley han resonado con fuerza. La próxima instancia será la Cámara de Diputados, donde se debatirán los términos del texto y su posible impacto a nivel nacional.