El oficialismo retira capítulo de la Ley de Tierras sobre propiedades rurales
El oficialismo decidió retirar el capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que abordaba la venta de tierras rurales a extranjeros. La decisión se tomó tras la oposición de gobernadores aliados y busca evitar la falta de votos para su aprobación.
En un movimiento estratégico, el Gobierno decidió eliminar un controvertido capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que regulaba la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. Esta decisión se basa en el contexto de una inminente sesión legislativa programada para el jueves, en la que el oficialismo buscaba reunir los 37 votos necesarios para aprobar la normativa propuesta por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La eliminación del capítulo se anunció tras una reunión en la que participaron mandatarios provinciales cercanos al Ejecutivo, como el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el de Neuquén, Rolando Figueroa, quienes dieron a conocer su disconformidad con esa parte de la ley. Esta oposición pone de manifiesto las tensiones que aún persisten dentro de las coaliciones políticas que respaldan al Gobierno, complicando el apoyo necesario para la aprobación de proyectos polémicos.
El artículo en cuestión estipulaba la prohibición de compras de tierras rurales por parte de Estados extranjeros, pero permitía la adquisición por personas jurídicas, incluso con inversiones estatales foráneas. Esto generó inquietudes sobre la posibilidad de que se diera lugar a una mayor concentración de tierras en manos de empresas extranjeras, lo que llevó a un debate intenso entre diferentes sectores políticos y económicos.
La modificación de la ley es significativa para la provincia de Neuquén, que ha insistido en mantener el control sobre sus recursos y territorio. Esto responde a un contexto en el que las cuestiones de tierras y propiedad son sensibles, especialmente en una región donde la agricultura y la ganadería son sectores clave. Neuquén, además, tiene un interés particular en proteger sus vastas áreas rurales y asegurar que el desarrollo agrícola permanezca en manos de sus habitantes.
Con este cambio, el oficialismo busca facilitar la sesión legislativa y evitar un fracaso que podría repercutir negativamente en su imagen y en la gobernabilidad. Sin embargo, el desafío de conseguir la aprobación total de la ley sigue siendo complejo y requerirá de negociaciones adicionales en el corto plazo.
Este episodio pone de relieve el delicado equilibrio de poder y las dinámicas internas en la política argentina, especialmente en un contexto económico donde la cuestión de la propiedad rural cobra cada vez más relevancia a nivel nacional y provincial. A medida que se aproxima la fecha de la sesión en el Senado, el panorama político continuará evolucionando, lo que podría traer más cambios a la normativa propuesta.