El Presupuesto 2027 tiene recursos para financiar la educación universitaria

El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 muestra una cifra significativa de $5,93 billones que no tienen una asignación determinada. Este análisis es destacado por Zentrix Consultora, la cual sostiene que estos fondos permiten cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición del Salario Docente, todo sin comprometer el equilibrio fiscal previsto por el Gobierno. Claudio Montiel, director de la consultora, afirmó que cumplir con la legislación no supondría un aumento en el gasto total ni la necesidad de realizar ajustes en el orden fiscal.

De acuerdo al informe, la implementación de la ley requeriría entre $2,45 y $3,65 billones en 2027, dependiendo de la metodología de cálculo aplicada. Este monto representaría entre el 62% de los recursos disponibles sin asignación específica. En un escenario que considera solo las obligaciones vinculadas a aumentos salariales y becas, el costo estimado ronda los $2 billones, cifra que resulta manejable dentro de los márgenes del presupuesto total.

Zentrix diferencia dos escenarios en su análisis: el primero relacionado con las obligaciones ya ordenadas por el poder judicial que requieren un cumplimiento inmediato, y el segundo que incluye la aplicación completa de la Ley 27.795. Esta última abarca no solo la recomposición salarial, sino también el financiamiento de gastos operativos de universidades, hospitales universitarios y recursos para ciencia y extensión. Los costos varían, pero se ubican entre el 1% y el 1,8% del gasto proyectado, y entre el 0,14% y el 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI).

El informe enfatiza que los montos necesarios para cumplir con estas obligaciones ya están reflejados en el presupuesto total, pero requieren una decisión política del Gobierno para su reasignación, evitando así tanto un incremento del gasto como alteraciones en el resultado fiscal. Montiel destaca que la decisión sobre la utilización de estos recursos recae en la administración actual, teniendo en cuenta que $7,68 billones de las asignaciones del Tesoro están especificadas como “otras asistencias financieras” sin un beneficiario definido.

En este contexto, la administración de los fondos disponibles se convierte en un factor clave para el desarrollo de un sistema educativo sólido, donde el acceso a recursos y financiación adecuada podría determinar el futuro de las instituciones universitarias del país. La cuestión de cómo el Gobierno gestione estos recursos y si priorizará la educación en el uso de los fondos es un tema central para los próximos meses, a medida que avanza la discusión sobre el presupuesto.