El Procurador de Río Negro apoyó el control biométrico de asistencia

El gobierno de Río Negro recibió una opinión favorable del Procurador General, Jorge Crespo, en relación con la implementación del sistema de control biométrico de asistencia de los empleados públicos. Crespo solicitó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que acepte la apelación presentada por la provincia, con el fin de revocar un fallo que había declarado la inconstitucionalidad de dicho sistema, establecido originalmente por la Cámara Segunda del Trabajo en General Roca.

El dictamen del procurador argumenta que la apelación del gobierno se justifica debido a que el amparo aceptado por la Cámara no cumplía con los requisitos necesarios para cuestionar la medida, proponiendo que los reclamos deben tramitarse por otras vías administrativas o judiciales. Crespo enfatizó que los trabajadores hospitalarios que impugnaron el uso del sistema no demostraron haber recibido notificaciones sobre la obligación de registrar sus datos biométricos, ni especificaron daños que justificaran el amparo.

Además, el Procurador observó que no había constancia de un reclamo administrativo previo que denunciara la oposición al sistema biométrico, lo que fue considerado un punto clave en su argumentación. De esta manera, Crespo sugiere que la controversia debe ser canalizada por vías regulares, a menos que se demuestre alguna situación excepcional que justifique el uso del amparo.

Este desarrollo se suma a una serie de incidentes relacionados con el sistema biométrico, que también han tenido lugar en Viedma. En septiembre, la Cámara del Trabajo local suspendió su implementación tras aceptar un amparo presentado por el sindicato Asspur. Sin embargo, posteriormente se reactivó luego de que el gobernador Alberto Weretilneck emitiera una resolución que validaba la aplicación del control biométrico por parte de la Secretaría de la Función Pública.

El gobernador defendió esta decisión argumentando que el registro de asistencia es parte de las responsabilidades del empleo público y que su control es una facultad legítima del Estado como empleador. Subrayó que no se requería consentimiento adicional ya que la ley no lo exige en este contexto.

La municipalidad se basa en excepciones dispuestas en la ley nacional sobre protección de datos personales, lo que se traduce en una búsqueda constante por equilibrar los derechos a la privacidad de los empleados y las necesidades de control administrativo del gobierno provincial. Así, la discusión ahora queda en manos del STJ, que deberá decidir si valida o no este sistema exitosamente habilitado en la administración pública provincial.