El Senado avanza con el dictamen del «Súper RIGI», en medio de reclamos industriales

La propuesta del «Súper RIGI», que promueve incentivos fiscales y aduaneros para inversiones que superen los 1.000 millones de dólares en industrias consideradas estratégicas, se encuentra en un momento crítico en el Senado. El oficialismo busca evitar cambios que requieran una nueva revisión de la Cámara de Diputados, donde el proyecto ya fue aprobado. Para ello, la bancada de La Libertad Avanza (LLA) considera la posibilidad de gestionar las objeciones a través de la reglamentación del Ejecutivo, minimizando así el riesgo de dilaciones en el proceso legislativo.

Uno de los puntos más controversiales del debate es la estipulación del 20% de contratación local que debe cumplirse bajo la ley. Durante los plenarios de las comisiones, representantes de la industria han expresado su preocupación por la inclusión de tareas como la obra civil y el movimiento de tierra dentro de este porcentaje. Señalan que estas actividades son obligatoriamente ejecutadas en el país y, por tanto, no deberían considerarse para cumplir con el requisito de productos nacionales.

Diego Leal, presidente del Departamento PyMI de la Unión Industrial Argentina (UIA), enfatizó que el 20% debería destinarse exclusivamente a bienes producidos en Argentina. Del mismo modo, Pablo Cattoni, director institucional de SIDERSA, ha propuesto que se incorporen requisitos adicionales que aseguren el desarrollo de proveedores locales, aclarando que el conteo no debe incluir la mano de obra básica en estos cálculos.

Para lograr consenso y asegurar la firma del dictamen en las comisiones de Presupuesto, Hacienda, Economía y Legislación General, el oficialismo está buscando emitir un guiño hacia la Unión Cívica Radical (UCR). La estrategia implica avanzar simultáneamente en el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), un proyecto que se alinea con los intereses de los radicales y que podría facilitar la aprobación del «Súper RIGI».

La situación actual refleja las tensiones entre el oficialismo y sus aliados, así como las presiones del sector industrial, que insiste en un mayor compromiso con la producción nacional. La resolución de estos desafíos será crucial para el futuro del régimen de incentivos y su impacto en la economía local, una preocupación especialmente relevante en el contexto patagónico, donde las inversiones en sectores estratégicos son vitales para el desarrollo regional.

A medida que el Senado se aproxima a una decisión definitiva, se espera que las negociaciones sean intensas y que los intereses en juego, tanto de partidos políticos como del sector industrial, continúen influyendo en el desenlace de este importante proyecto. El futuro inmediato del «Súper RIGI» y su implementación dependerá de la capacidad del oficialismo de equilibrar las demandas de sus aliados y del sector productivo.