El Senado avanza en la aprobación de una nueva ley contra el feminicidio

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de México ha comenzado a tramitar una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad y busca establecer un marco jurídico homogéneo para abordar este delito en todo el país, ya que la forma en que se investiga y sanciona actualmente varía entre las 32 entidades federativas.

El objetivo principal de esta legislación es homologar el tipo penal de feminicidio, asegurando que cualquier muerte violenta de una mujer sea tratada desde el inicio como un potencial feminicidio, con un enfoque de género en la investigación. Durante la primera sesión del proceso legislativo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó la necesidad de estandarizar criterios para la justicia en este aspecto.

Para llevar a cabo este proceso, se ha diseñado un calendario que incluye un período de consulta y revisión técnica durante el mes de agosto. Durante este tiempo, se realizarán estudios técnicos, se abrirá un micrositio para recibir comentarios de diferentes sectores de la sociedad, y se llevará a cabo una mesa de diálogo con expertos, autoridades y organizaciones de víctimas. La propuesta final se elaborará para su discusión en septiembre.

En cuanto a las sanciones, el proyecto establece penas que van de 50 a 70 años de prisión para quienes cometen feminicidios, prohibiendo beneficios de libertad anticipada o amnistías. La ley también contempla agravantes en casos donde la víctima sea menor de edad, esté embarazada o tenga alguna discapacidad, así como en situaciones que involucren a un servidor público.

Además, se plantea la posibilidad de crear un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, con la vocación de seguir y asistir a las víctimas indirectas en el acceso a programas sociales y mecanismos de protección.

Algunas organizaciones han manifestado observaciones respecto a la propuesta, apuntando la falta de recursos adicionales para fortalecer las instituciones encargadas de la investigación y la justicia, así como la necesidad de abordar problemas estructurales que inciden en la impunidad y en la precisión de las investigaciones.

La implosión de la violencia de género en México hace ineludible la creación de un marco legal sólido que garantice no solo el castigo a los culpables, sino también la protección adecuada a las víctimas y sus familias, en un contexto donde la desigualdad y la violencia persisten como problemas críticos en la sociedad.