El Senado impulsa un registro nacional de deudores alimentarios morosos
El Senado argentino avanza en la discusión de un registro nacional destinado a deudores alimentarios morosos. Este registro, que ha sido objeto de debates previos, podría establecer un marco más uniforme para la carga de datos y sanciones, a partir de la propuesta de distintos senadores.

El Senado de la Nación se encuentra en la etapa de consenso para la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos, un tema que ha sido discutido anteriormente y que ahora busca avanzar en su implementación. Este plenario de comisiones se reuniría en los próximos días para dictaminar sobre la propuesta, aunque la incertidumbre sobre si se llevará a cabo la sesión ha generado inquietud entre los legisladores.
En la reciente reunión de comisiones de Legislación General y de Población, se presentaron dos proyectos destacados: uno de ellos es del senador Pablo Bensusán, de La Pampa, y el otro es de la senadora Edith Terenzi, de Chubut. Ambos proyectos contemplan la posibilidad de establecer un registro que compile información sobre los deudores alimentarios, aunque cada provincia mantendría la facultad de definir los requisitos necesarios para ser incluidos.
Bensusán explicó que la finalidad del registro es facilitar la incorporación de datos enviados por las provincias al Ministerio de Justicia de la Nación, sin modificar las normativas locales. Esto permitiría que la información sea compartida de forma centralizada, pero manteniendo la autonomía provincial en la determinación de las deudas.
Además, el proyecto incluiría sanciones a nivel nacional para los deudores morosos, tales como la restricción para obtener documentos como pasaportes o la prohibición de asistir a eventos públicos. Estos mecanismos de presión tendrían como objetivo instar a los deudores a regularizar su situación de deuda alimentaria.
Por su parte, Terenzi planteó una propuesta que busca que esta ley tenga carácter de orden público, evitando así que las provincias decidan si adhieren o no al sistema. La senadora argumentó que, si algunas provincias no participan, el registro podría resultar ineficiente o incompleto, lo que afectaría su efectividad. Su enfoque se centra en crear un sistema centralizado que logre unificar criterios y sanciones para todos los deudores alimentarios.
Las negociaciones continuarán en las próximas sesiones para llegar a un consenso que permita avanzar en la creación de este registro. La implementación de esta medida podría mejorar la gestión de las deudas alimentarias en el país, afectando a un gran número de familias que dependen de estas contribuciones para su sustento diario.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de varios sectores políticos, refleja una preocupación social por garantizar el bienestar de los niños y adolescentes que dependen de la manutención familiar. El camino hacia su aprobación, sin embargo, dependerá del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y de la resolución de sus diferencias.