El Senado reactiva el debate sobre la nueva Ley de Sociedades

Luego de un paréntesis de 40 días, el Senado argentino ha reactivado el debate sobre un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, impulsado por Federico Sturzenegger. Este cambio busca modificar un marco normativo vigente desde 1972 y responde a los esfuerzos del Ministerio de Desregulación para modernizar las estructuras empresariales en el país. La Comisión de Legislación General, dirigida por la senadora Nadia Márquez, retomó las discusiones, que habían permanecido estancadas debido a la agenda política y las divergencias sobre la propiedad privada.

La intención del oficialismo es avanzar rápidamente en las conversaciones con la oposición para obtener un dictamen en la próxima reunión, cuyo cronograma aún no ha sido definido. Sin embargo, el reinicio del debate no estuvo exento de tensiones. La sesión se tornó acalorada cuando Patricia Bullrich, líder de La Libertad Avanza, y Ricardo Nissen, exjefe de la Inspección General de Justicia durante la gestión kirchnerista, intercambiaron críticas sobre el proyecto. Nissen calificó la propuesta como un peligro para el sistema comercial, alegando que fomentaría la irresponsabilidad empresarial al proteger a quienes manejan capital.

Bullrich, por su parte, le recriminó por el estancamiento de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) en su período al frente de la IGJ, argumentando que sus decisiones habían limitado las oportunidades para jóvenes emprendedores. La reforma presentada pretende sustituir en su totalidad la Ley 19.550, eliminando trámites burocráticos y modernizando el esquema societario hacia un formato más digital y eficiente.

Entre los aspectos más innovadores del proyecto se encuentra la posibilidad de uso de criptoactivos y algoritmos dentro del mundo empresarial. Durante la jornada, Matías Álvarez, director de la Unidad de Información Financiera (UIF), manifestó su apoyo a la propuesta, asegurando que cumple con estándares internacionales de trazabilidad y monitoreo. Juristas y expertos en derecho comercial también se sumaron a la discusión, indicando que el marco legal actual pertenece a una moneda analógica, inaplicable a la economía contemporánea.

Esta reforma, si es aprobada, significará un cambio significativo en la manera de operar de las empresas en Argentina, concentrando la fiscalización del Estado solo en aquellas entidades que cotizan en bolsa o que representen un interés público. La propuesta está generando expectativas tanto en el ámbito empresarial como en el político, resaltando la importancia de encontrar un equilibrio entre desburocratización y control del sistema financiero.

El proceso legislativo continuaría en las próximas semanas, a medida que el Senado busca llegar a consensos que permitan avanzar en esta crucial normativa en medio de un contexto económico desafiante para el país.