El STJ de Río Negro anuló la suspensión del intendente de Allen

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro tomó una decisión en el marco de un conflicto de poderes que involucraba al intendente de Allen, Marcelo Román, y el Concejo Deliberante local. El tribunal determinó que el Concejo no tenía competencia para suspender a Román, anulando las ordenanzas 044/2026 y 045/2026 que habían dispuesto esa medida. Esta resolución refuerza el rol del Ejecutivo frente a las acciones del cuerpo legislativo en este tipo de situaciones.

La controversia comenzó cuando el Concejo Deliberante decidió suspender al intendente en forma preventiva, argumentando que existían fundamentos para ello en base a una formulación de cargos en curso. La medida implicaba la suspensión del intendente sin sueldo hasta que se resolviera la causa penal. Sin embargo, el intendente argumentó que dicha acción excedía las competencias del Concejo, lo que motivó su apelación ante el STJ.

El STJ centró su análisis en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que establece que el Concejo puede suspender a una autoridad municipal únicamente si existe un procesamiento penal formal. El tribunal subrayó que la ley no permite confundir la situación de un imputado con la de un procesado, lo que fue crucial para su fallo. La sentencia subraya que la interpretación del Concejo era inapropiada y que el artículo establece condiciones específicas que no pueden ser trivializadas.

Asimismo, el tribunal notablemente destacó la transición hacia un nuevo sistema procesal en la provincia, establecido por la Ley 5020. Este nuevo sistema es más adversarial y oral, y marca una diferencia fundamental con respecto a las normativas anteriores. Así, el STJ determinó que los términos y condiciones para aplicar sanciones no podían ser fusionados entre el antiguo y el nuevo sistema, resultando en la improcedencia de la suspensión.

El contexto jurídico de la provincia ha evolucionado, lo que subraya la importancia de que los actores políticos y judiciales comprendan las implicancias de estas reformas. Este fallo no solo tiene repercusiones sobre la gestión de Román, sino que también podría establecer precedentes sobre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en políticas locales.

Con este fallo, se reafirma el principio de separación de poderes en la administración pública de Río Negro. Se espera que esta resolución lleve a una mayor claridad en el manejo de los conflictos dentro del ámbito gubernamental y establezca un marco más sólido para futuros procedimientos.

La decisión del STJ también resalta la necesidad de que los cuerpos legislativos se apeguen a las normativas vigentes al ejercer sus competencias, evitando una saturación de interpretaciones que puedan resultar en conflictos judiciales.