El STJ de Río Negro ratificó la legalidad del sistema biométrico en hospitales

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro ha ratificado la legalidad del sistema biométrico de control de ingreso y egreso instalado en diversos hospitales y en la sede del Ministerio de Salud. Esta determinación se emitió tras una apelación de la provincia contra un fallo de un juez laboral de Roca que había declarado la inconstitucionalidad de ciertos artículos relacionados con la protección de datos personales.

El conflicto surgió tras una decisión de la Cámara Segunda del Trabajo de Roca, donde el juez Juan Huenumilla admitió un amparo presentado por empleados públicos del Ministerio de Salud. Estos trabajadores argumentaban que la Resolución 986/2026, que requiere el ingreso de datos biométricos faciales y de geolocalización, infringía derechos establecidos en la legislación sobre datos personales.

En respuesta, el STJ consideró que la interpretación realizada por el juez Huenumilla no se ajustó a los requisitos necesarios para dar viabilidad a este tipo de acciones. Afirmaron que las vías legales ordinarias disponibles para abordar controversias del ámbito administrativo son adecuadas y garantizan una tutela judicial efectiva.

La sentencia del STJ también citó un fallo previo llamado “Calquín”, donde se estableció que este tipo de acciones no deben ser abordadas a través de un amparo, ya que se trataba de un acto administrativo general. Los jueces enfatizaron que la resolución en cuestión fue emitida en el ejercicio de facultades legales reconocidas a la Administración, que se encuentra en su derecho de implementar controles para el personal en el marco de su relación laboral.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, había indicado en una circular que el sistema biométrico busca optimizar el registro de asistencia del personal, contribuyendo así a una mayor eficiencia en la gestión de recursos humanos en el ámbito sanitario. La decisión del STJ resalta la complejidad de equilibrar el uso de tecnologías de control en el ámbito público con los derechos a la privacidad y a la protección de datos.

Con esta decisión, se espera que la implementación del sistema biométrico continúe, a la vez que se reitera la necesidad de un marco legal adecuado que proteja los derechos de los empleados mientras se lleva a cabo el control necesario por parte de la Administración Pública. La mirada hacia futuras disputas legales en torno a esta herramienta tecnológica se hace inevitable, dado el impacto que podría tener en el ámbito laboral provincial.