El STJ de Río Negro rechaza amparo de taxista de Bariloche por licencia no renovada

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro confirmó el rechazo a un amparo presentado por un taxista de Bariloche, quien buscaba impugnar la decisión del municipio que no renovó su licencia profesional. El usuario afectado, de 72 años, había sido condenado a dos años en suspenso por un conflicto callejero en 2018, pero aseguró que había cumplido con dicha pena y pudo renovar su licencia entre 2019 y 2024 sin inconvenientes.

Este año, al intentar realizar la renovación, la Municipalidad argumentó su decisión en virtud del Decreto 196/2025, el cual se enmarca en la Ley Nacional de Tránsito. Tras la negativa, el taxista activó un reclamo administrativo, argumentando que la condena no debería usarse para prohibir el ejercicio de su profesión, dado que ese trabajo constituía su única fuente de ingresos.

Ante la falta de respuesta satisfactoria, el taxista presentó un amparo ante la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa de Bariloche, que fue desestimado al considerar que tal acción no era el medio adecuado para abordar el conflicto. Al apelar ante el STJ, el taxista argumentó que el nuevo reglamento no podía aplicarse retroactivamente y que su propósito era renovar una licencia previamente obtenida, no tramitar una nueva.

Sin embargo, el STJ no se centró en la correcta aplicación del Decreto 196/2025 ni en el uso de la condena para rechazar la renovación de la licencia. El fallo se concentró en el hecho de que al optar por judicializar el caso, el hombre todavía tenía la vía administrativa abierta para resolver su situación. En este sentido, el tribunal destacó que el amparo se presentó antes de agotar los canales administrativos de revisión.

El STJ clarificó que la resolución municipal se basaba en una norma vigente y que cualquier debate sobre la aplicación de dicha normativa o su retroactividad requería un análisis más profundo y pruebas adicionales. Por eso, el tribunal ratificó la decisión de desestimar el amparo, permitiendo que el conflicto continúe por la vía administrativa y, si es necesario, posterior revisión contencioso-administrativa una vez agotados los recursos.

Este caso destaca las tensiones entre la regulación municipal y los derechos de los trabajadores, un aspecto relevante en el contexto de la actividad taxi en Bariloche, donde el empleo de este sector es esencial para la economía local.