El STJ ratifica amparo por la Escuela de Cerro Alto, pero modifica orden de reapertura

El cierre de la Escuela Hogar 152 en Cerro Alto, una medida adoptada por el Gobierno de Río Negro en febrero, ha tenido repercusiones significativas en la comunidad local. Esta decisión se justificó alegando problemas relacionados con la escasez de agua en la región, lo que, según las autoridades, dificultaría la continuidad del ciclo lectivo. Sin embargo, la respuesta de los padres fue contundente: organizaron un recurso de amparo con el objetivo de mantener el funcionamiento de la escuela que tiene 90 años de historia.

A raíz de esta movilización, y después de un fallo favorable en mayo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ha ratificado el amparo, lo que representa un respaldo a la comunidad educativa de la zona. Sin embargo, el STJ modificó una parte crucial de la anterior decisión judicial al eliminar la orden de reabrir de forma inmediata la institución. Este requerimiento había sido establecido por el juez Cristian Tau Anzoategui, quien inicialmente reconoció la crisis hídrica pero también identificó alternativas para resolver el problema de suministro de agua.

El informe presentado por el Gobierno provincial señalaba condiciones críticas en el abastecimiento de agua para la escuela, lo que generó inquietudes en torno al inicio de las clases en este establecimiento educativo, que se encuentra a más de 120 kilómetros de Bariloche. Ante la falta de alternativas viables, las autoridades optaron por enviar a los estudiantes a otra escuela ubicada en Corralito, una decisión que fue recibida con malestar por los padres, quienes argumentaron que las condiciones de transporte en la zona hacen que esta opción sea poco viable.

A través del recurso de amparo, los padres lograron que se revisara la decisión del gobierno. Los abogados Gustavo Suárez y Germán Corbella sostuvieron que la evaluación del informe provincial no era suficiente para justificar el cierre de la institución educativa y que era necesario explorar todas las alternativas posibles antes de tomar esa decisión.

Al haber sido ratificado el fallo, se evidencia una lucha continua de la comunidad por mantener accesible la educación en una zona que, por su geografía y condiciones de vida, ya enfrenta numerosos desafíos. Mientras tanto, las autoridades deben buscar soluciones efectivas a los problemas que llevaron al cierre, sin desestimar la voz de la comunidad afectada.

La situación aún no tiene una resolución definitiva, y se espera que el Gobierno provincial trabaje sobre las recomendaciones judiciales para encontrar una solución que permita reanudar las actividades en la escuela. Este caso pone de relieve la importancia de la educación en las comunidades rurales de la Patagonia y la necesidad de garantizar el acceso a la misma en condiciones adecuadas.