El Tribunal Constitucional de Perú anula la prisión preventiva de Vladimir Cerrón

El Tribunal Constitucional de Perú determinó que la prisión preventiva impuesta a Vladimir Roy Cerrón Rojas debía ser anulada. Esta decisión se basa en la falta de justificación de las resoluciones anteriores que mantenían esta medida dentro de un proceso judicial por organización criminal y lavado de activos. Al considerar el caso, el tribunal observó que no se evaluaron adecuadamente los cambios en las circunstancias que podrían haber disminuido el peligro procesal que justificaba la prisión preventiva.

Cerrón, quien había sido objeto de una solicitud de prisión preventiva de 36 meses en noviembre de 2022, había conseguido que se le impusieran restricciones en su lugar, como el pago de una caución y el cumplimiento de varias reglas de conducta. Sin embargo, posteriormente, se revocó esta medida de comparecencia y se determinó la prisión preventiva en diciembre de 2023, una decisión ratificada por la sala de apelaciones en enero de 2024.

Uno de los puntos clave de la resolución del Tribunal Constitucional fue la consideración de las decisiones judiciales favorables a Cerrón en otros procesos, que cambiaron el contexto de su situación legal. Por ejemplo, en marzo de 2025, la Corte Suprema absolvió a Cerrón de una acusación de colusión, un hecho que debería haber impuesto una revisión del riesgo de fuga que justificaba su prisión preventiva. El tribunal concluyó que las decisiones anteriores no habían hecho una evaluación suficiente de estas circunstancias.

A pesar de la victoria en el tribunal, la decisión no fue unánime y puso de manifiesto las divisiones entre los magistrados, quienes expusieron diversas opiniones sobre el alcance de la revisión de la constitucionalidad de la prisión preventiva. Algunos magistrados sostuvieron que la conducta previa de Cerrón y su supuesta evasión de la justicia justificaban la permanencia de la medida, mientras que otros argumentaron que la falta de peligrosidad debía ser reconsiderada.

Como resultado de la nulidad de su prisión preventiva, Cerrón podrá impugnar la medida de restricción de su libertad y el tribunal ha ordenado que se emitan nuevas medidas que garanticen su presencia en el juicio sin recurrir a la prisión. Esta decisión refleja el derecho fundamental a la libertad personal y destaca la importancia de proporcionar una motivación adecuada para cualquier medida que restrinja dicho derecho.

La anulación de la prisión preventiva podría tener un impacto significativo en la política peruana, ya que Cerrón es un actor relevante en la escena política nacional, habiendo sido secretario general del partido Peruanos por el Cambio y candidato presidencial en el pasado. Por tanto, su situación se observa con atención y será un tema relevante en la discusión pública en los próximos meses.

En conclusión, el Tribunal Constitucional ha establecido un precedente importante sobre la aplicación de la prisión preventiva en Perú, enfatizando la necesidad de evaluaciones justas y fundamentadas en los procesos judiciales que involucran la libertad de los acusados.