El Tribunal Constitucional peruano anula el proceso penal contra Ollanta Humala

El Tribunal Constitucional de Perú ha declarado nulo el proceso penal que enfrentaba el ex presidente Ollanta Humala, quien había sido condenado a 15 años de prisión por lavado de activos agravado en relación con los aportes destinados a sus campañas electorales de 2006 y 2011. Este fallo, adoptado por cinco votos contra dos y publicado el 30 de julio, elimina todas las investigaciones y decisiones judiciales anteriores contra Humala, permitiendo su posible excarcelación.

La mayoría de los magistrados del Tribunal sostuvo que el proceso que llevó a su condena violó los principios de legalidad y tipicidad penal, al perseguir conductas que no estaban claramente definidas como delito en el momento de los hechos. En concreto, se consideró que la Fiscalía había acusado a Humala de recibir fondos de procedencia ilícita, indicándose que estos habrían provenido de aportes de Venezuela y de empresas brasileñas, como Odebrecht.

El Tribunal argumentó que el tipo penal de "receptación patrimonial", que se le intentó aplicar a Humala, solo fue introducido en la legislación peruana en 2016. Así, concluyeron que no se podía aplicar a hechos que habían sucedido años antes, en clara infracción al principio de no retroactividad de la ley penal. Esta interpretación puso pie a la nulidad no solo del juicio, sino también de la condena dictada en 2022, así como de todas las resoluciones que se derivaron de dicho proceso judicial.

El fallo ha generado diversas opiniones entre los magistrados: dos de ellos, Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez, votaron en contra de la nulidad, argumentando que el Tribunal no debería haber intervenido dado que la sentencia de primera instancia seguía en apelación. Según ellos, el caso aún estaba abierto a consideraciones legales pertinentes.

Esta decisión no absuelve a Humala de los cargos ni califica su conducta como legal, sino que simplemente determina que las acciones por las que se le perseguía no constituían un delito según la legislación existente en los años en que ocurrieron los hechos. En consecuencia, ahora se espera que el Poder Judicial emita la resolución correspondiente para oficializar la liberación del ex mandatario, que aún permanece detenido.