El TSJ de Madrid decidirá sobre las sanciones al juez Peinado en la causa Begoña Gómez

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) evaluará dos de las cinco causas disciplinarias abiertas contra el juez Juan Carlos Peinado. Estas acciones se enmarcan en la investigación que gira en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y podrían dar lugar a sanciones al magistrado por dos posibles faltas leves. Las cuatro restantes investigaciones han sido archivadas.

Uno de los expedientes activos se relaciona con la decisión de Peinado de retirar el pasaporte a Gómez como medida cautelar, argumentando que podría facilitarse una fuga del país. Este argumento ha suscitado dudas y controversia dentro del CGPJ, reflejando las divisiones internas entre sus integrantes. El otro expediente está vinculado a un presunto atraso en la tramitación de un caso por calumnias contra el periodista Nacho Abad, que habría estado paralizado durante un período extendido.

La discusión dentro del CGPJ se tornó complicada, ya que las diferentes posturas entre los vocales conservadores y progresistas llevaron a demoras en la resolución del asunto. Finalmente, la Comisión Permanente adoptó una postura intermedia, manteniendo vivas dos averiguaciones y desestimando las demás, lo que demostró la dificultad para alcanzar consensos en un tema de tal delicadeza.

La presidenta del Consejo, Isabel Perelló, había apoyado la apertura de un expediente disciplinario basado en que las declaraciones de Peinado pudieran considerarse como un abuso de autoridad o falta de respeto hacia los funcionarios encargados de la seguridad de Gómez. Sin embargo, esta propuesta fue modificada, sugiriendo que el promotor de la Acción Disciplinaria determine si esas manifestaciones constituyen realmente una falta.

Ricardo Conde, el promotor a cargo, defendió en un principio que debía archivarse toda la causa, al considerar que el contenido de una resolución judicial debía ser salvaguardado por la ley. Esta posición se justificó por la falta de un pronunciamiento previo que acusara al juez de algún delito, lo que complica aún más la situación en el ámbito judicial español.

El proceso continuará su curso en el TSJM, que tendrá la responsabilidad de evaluar los argumentos presentados y determinar si corresponde aplicar alguna sanción. Esta situación refleja las tensiones dentro del sistema judicial español, especialmente en casos que involucran a figuras políticas de relevancia.