El uso de control biométrico obligatorio para el personal de Salud en Río Negro

El Gobierno de la provincia de Río Negro ha determinado que el sistema de control biométrico, mediante reconocimiento facial, vuelva a ser obligatorio para los trabajadores del Ministerio de Salud. Esta decisión se tomó después de que el Ejecutivo rechazara un recurso administrativo interpuesto por la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), que cuestionaba la validez de esta medida. La resolución se formalizó con el Decreto 903, que respalda la implementación del registro de asistencia establecido en la Resolución 986/2026 del Consejo Provincial de la Función Pública.

La controversia había escalado a la Justicia la semana pasada, cuando la Cámara del Trabajo de Viedma otorgó una medida cautelar a favor de ASSPUR, suspendiendo temporalmente la aplicación de la resolución cuestionada. Sin embargo, esta suspensión fue transitoria y dependía del cumplimiento de un trámite administrativo, cuyo avance ha habilitado la reactivación del control biométrico. La provincia aclaró que la vigencia del sistema se restablece tras la comunicación al tribunal de que se había completado la condición que motivó la cautelar.

Desde la asociación sindical, se había planteado una fuerte crítica al uso de tecnologías biométricas y de geolocalización para el registro de la jornada laboral, alegando que los datos biométricos son información personal sensible. El gremio cuestionó tanto el tratamiento como la protección de dicha información al ser utilizada como parte de un sistema de control en el ámbito laboral. Sin embargo, el fallo que suspende provisoriamente la resolución anterior no se pronunció sobre la validez del sistema en sí.

Con este nuevo decreto y después de la finalización del trámite administrativo, la provincia sostiene que se desvaneció la razón de la suspensión inicial, permitiendo así la reinstalación del sistema de control biométrico. El caso, que ha generado un amplio debate no solo administrativo sino también judicial, se sitúa en el contexto de las discusiones actuales sobre el uso de datos biométricos en el ámbito estatal, tocando la temática de la privacidad y el manejo de la información de los trabajadores públicos.