Elecciones en EE.UU. marcan rechazo a centros de datos
Las recientes elecciones de medio término en Estados Unidos han revelado un fuerte rechazo hacia los centros de datos, con 29 jurisdicciones que votaron a favor de restricciones. Este cambio de tendencia coincide con la elección de gobernadores demócratas que prometieron frenar el crecimiento de esta infraestructura.

El panorama de los centros de datos en Estados Unidos ha cambiado drásticamente tras las elecciones de medio término, donde se registró un rechazo contundente hacia su instalación. De acuerdo a analistas, al menos 29 jurisdicciones aprobaron prohibiciones o restricciones en sus respectivos territorios, reflejando una creciente oposición popular a estos proyectos de tecnología.
Entre las principales elecciones, se destaca que gobernaciones clave como Texas y Ohio fueron ganadas por candidatos demócratas que habían prometido frenar la construcción de centros de datos. Por ejemplo, Gina Hinojosa, nueva gobernadora de Texas, propuso una moratoria que detendría las aprobaciones de estos proyectos, argumentando que generan un aumento en las tarifas de servicios públicos y agotan los recursos hídricos de la región. Texas es un estado crítico en este sector, ya que representa cerca del 30% de la capacidad proyectada para nuevos centros de datos en 2028.
Ohio también vivió un cambio significativo. La victoria de Amy Acton, quien propone una moratoria con condiciones estrictas, es emblemática del cambio de enfoque que enfrentará la industria. Este estado se ha convertido en el centro de la resistencia municipal, donde múltiples localidades ya habían implementado restricciones debido a las preocupaciones sobre el impacto ambiental y social que traen consigo estos centros.
El fenómeno no es nuevo, ya que desde principios de 2026 hubo un claro descontento. Votantes de 13 estados habían considerado previamente unas 50 medidas relacionadas con centros de datos, de las cuales 41 se votaron el martes. Los resultados fueron contundentes, con un alto porcentaje de apoyos para restricciones que oscilaron entre el 66% y el 90% en varias localidades.
Este nuevo panorama podría tener profundas repercusiones en la industria tecnológica, que hasta ahora había operado con relativa libertad, aprovechando incentivos fiscales y terrenos baratos. La presión ejercida por la ciudadanía y sus representantes políticos apunta a una reevaluación de los proyectos tecnológicos en el país, en un contexto donde la sostenibilidad y el respeto por recursos locales se han convertido en prioridades.