Elevan a juicio a 19 personas por la desaparición de Sergio Ávalos en 2003

La fiscalía federal de Neuquén ha solicitado la elevación a juicio oral de 19 individuos acusados por la desaparición forzada de Sergio Daniel Ávalos, un joven estudiante cuya última aparición se registró el 14 de junio de 2003, dentro del boliche conocido como El Fuerte o Las Palmas. Esta solicitud fue presentada ante el Juzgado Federal N°2 de la provincia por la fiscal interina Luisina Tiscornia, quien lidera el Área de Transición de la Unidad Fiscal Neuquén. De los acusados, 11 serían coautores directos del delito, mientras que otros ocho serían partícipes necesarios.

La acusación incluye a personal de seguridad del boliche, quienes pertenecían al Ejército Argentino y a la Policía de Neuquén, así como al propietario y al encargado del establecimiento. La fiscalía argumenta que en el local existía una estructura organizada de control y violencia. Tras la desaparición de Ávalos, se habría mantenido un pacto de silencio que obstaculizó las investigaciones sobre el caso.

Según el requerimiento fiscal, el personal de seguridad contaba con un sistema estructurado para controlar lo que ocurría dentro y fuera del boliche. Utilizaban equipos de comunicación de tipo handy y había cámaras de seguridad que abarcaban áreas clave como la barra y las entradas. Sin embargo, un dato relevante es que las grabaciones de las cámaras de aquel día han desaparecido, con la versión de que la cinta se había terminado y no se reemplazó; esta explicación es considerada poco verosímil por la fiscalía, dado el sistema de seguridad que operaba en el lugar.

Además, la investigación reveló antecedentes de violencia dentro del boliche. Según testimonios, los guardias secuestraban a individuos involucrados en conflictos para agredirlos en un área llamada "cuartito de seguridad". En la noche de la desaparición de Ávalos, se registraron incidentes que contradicen la versión oficial de una jornada sin conflictos, incluyendo una pelea que generó sangre en el sector de emergencias y agresiones en otro lugar conocido como "el túnel".

Otros elementos que complican la situación de los acusados son la destrucción de documentación policial relacionada con el caso y la falta de registros de esos eventos en el parte diario del Hospital Castro Rendón. La investigación ha señalado que la estructura de seguridad del boliche estaba compuesta por seis militares del Ejército, cinco efectivos policiales y tres empleados civiles, constituyendo un panorama complejo que sugiere la existencia de un aparato de violencia organizado.

Este caso, que lleva más de dos décadas sin resolución, sigue generando conmoción en la sociedad neuquina y plantea serios cuestionamientos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en casos de desapariciones forzadas. La actualización del proceso judicial podría ofrecer mayores respuestas no solo sobre la desaparición de Ávalos, sino también sobre la cultura de impunidad que puede existir en situaciones de violencia institucional.