Embargo de sueldo en caso de violencia económica en Trelew
La Cámara de Apelaciones de Trelew dictó un embargo sobre los haberes de un hombre para saldar un préstamo de 12 millones de pesos que su expareja adquirió bajo coerción. Esta medida se enmarca en un contexto de violencia de género que incluyó agresiones y amenazas durante la relación.
La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Trelew ha ordenado el embargo preventivo de los salarios de un hombre con el fin de cubrir las cuotas de un préstamo bancario de 12 millones de pesos, el cual fue contraído por su expareja bajo coerción durante su convivencia. La denuncia se inició como un caso de violencia de género, que incluye agresiones físicas y verbales, así como amenazas con armas, lo que ha llevado a que el demandado ya cuente con una condena penal.
La denunciante amplió su testimonio, señalando que fue forzada a tramitar un crédito destinado a la compra de un automóvil para el hombre. Tras la ruptura, este dejó de pagar las cuotas del préstamo, lo que recayó completamente sobre la mujer, generando graves problemas económicos. Inicialmente, un juez rechazó un pedido de embargo, argumentando que el tema debía ser tratado en un proceso civil o de familia, pero la Cámara de Apelaciones reconsideró esta decisión.
Los jueces, Florencia Cordón Ferrando y Diego Eduardo Ferreyra, consideraron que permitir que la mujer enfrente un largo proceso judicial para resolver la deuda sería una forma de revictimización y potenciaría la violencia sufrida. Destacaron que la deuda resultante de una relación de pareja, en la que una de las partes fue manipulada, constituye violencia económica, un fenómeno que a menudo perpetúa ciclos de abuso.
La medida de embargo implica que hasta un 20% del sueldo del demandado será retenido mensualmente para el pago de la cuota del préstamo, que se estima en aproximadamente $760.000, asegurando que esos fondos sean depositados directamente a la cuenta de la denunciante. Esta resolución se clasifica como una protección provisional y no resuelve de manera definitiva el origen de la deuda, pero se considera esencial para mitigar el daño perpetuado por la violencia económica mientras se tramitan otros casos relacionados.
El contexto de esta resolución refuerza la importancia de la protección judicial en casos de violencia de género, donde aspectos económicos juegan un papel crucial en la dinámica de control y abuso. Mediante esta medida, se busca salvaguardar la autonomía de la mujer y contribuir a su recuperación económica tras la relación abusiva.