Embargos de sueldo por deudas: qué dice la ley en Argentina

En la actualidad, el endeudamiento de los hogares argentinos ha alcanzado cifras alarmantes, impulsado por la crisis económica y las políticas del gobierno de Javier Milei. Cada vez más personas recurren a tarjetas de crédito y préstamos a través de billeteras virtuales, lo que ha llevado a un incremento de deudas impagas y, con ello, a la preocupación sobre la posibilidad de embargos salariales por parte de entidades financieras.

Es fundamental comprender que, conforme a la legislación vigente en Argentina, un embargo de sueldo no es un proceso automático. Para que un banco o entidad de crédito pueda retener el salario de un deudor, se necesita una orden judicial emitida por un juez. Es decir, las entidades no tienen la autoridad legal para embargar el sueldo de manera unilateral; este procedimiento exige el cumplimiento de varios pasos judiciales que incluyen notificación al empleador.

Las entidades bancarias suelen adoptar medidas previas antes de iniciar un procedimiento judicial. Esto incluye intentar contactar al deudor mediante llamadas telefónicas, enviar mensajes o proponer refinanciaciones. En muchos casos, si el incumplimiento persiste, la deuda puede ser vendida a estudios de cobranza, antes de que se recurra a la vía judicial. Según el Banco Galicia, el embargo de bienes es una opción que se considera solo como último recurso, luego de agotar otras alternativas de cobranza.

La Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto que la complementa estipulan límites claros sobre el porcentaje de salario que se puede embargar. Por ejemplo, el Salario Mínimo Vital y Móvil es inembargable. En caso de que el sueldo supere esta cifra, se pueden embargar hasta el 10% del excedente si la remuneración no sobrepasa dos veces el SMVM, y hasta un 20% si la cantidad es mayor. Este cálculo se realiza sobre el sueldo neto, después de los aportes y descuentos legales.

Cabe destacar que si el salario se deposita en una cuenta sueldo, esta mantiene la protección correspondiente, y el embargo solo puede recaer sobre la parte del sueldo que exceda los topes legales establecidos. Solo en el caso de deudas alimentarias se permiten mayores embargos, alcanzando incluso la porción equivalente al SMVM.

Ante esta situación, es crucial que los deudores sean conscientes de sus derechos y el proceso legal que implica un embargo, así como buscar alternativas antes de que la deuda llegue a complicaciones mayores. Las entidades financieras deben informar adecuadamente sobre los riesgos de endeudarse sin un plan de pago claro, considerando la situación económica del país.