Emiten orden de captura contra el exalcalde de Santa Cruz por malversación

La Fiscalía de Bolivia tomó una drástica decisión al declarar en rebeldía a Jhonny Fernández, exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, y emitir una orden de aprehensión en su contra. Esta medida se adoptó tras su inasistencia a una audiencia sobre medidas cautelares, donde debía responder a serias acusaciones de malversación de recursos públicos por un monto aproximado de 191 millones de bolivianos, equivalentes a cerca de 27 millones de dólares, que estaban destinados a 17 proyectos de infraestructura que nunca se llevaron a cabo.

La falta de presentación del exalcalde desató la reacción del fiscal Gary Flores, quien destacó que la ausencia no fue justificada, lo que llevó a solicitar su declaración de rebeldía. En respuesta, Fernández utilizó redes sociales para señalar que su inasistencia se debió a un "acoso político" que, según él, provenía de la actual administración municipal encabezada por Manuel Saavedra. En su mensaje, Fernández negó las acusaciones de corrupción y defendió su gestión, argumentando que los recursos habían sido utilizados de acuerdo a las normas, a pesar de la difícil situación económica que atravesaba el municipio durante su mandato.

La controversia en torno a su gestión no es nueva; Fernández ha enfrentado críticas por la falta de transparencia en contratos y sobre precios en diversas licitaciones. Su trayectoria política incluye varias gestiones como alcalde y candidaturas a la presidencia, que, a pesar de ser relevantes, han estado marcadas por investigaciones por su conducta económica. En particular, en febrero de este año, una jueza ya había dictado su prisión preventiva por 100 días en el contexto de denuncias de delitos económicos, lo que presagia un ambiente tenso en su relación con la justicia.

Ante la situación, concejales de Santa Cruz, como Luisa Nayar, presidenta del Concejo Municipal, afirmaron que se están llevando a cabo acciones para evitar que Fernández se fugue del país. De esta manera, subrayaron su compromiso de que el exalcalde enfrente las consecuencias legales de sus actos y se restituya el dinero supuestamente malversado a las arcas municipales.

En el panorama político de Santa Cruz, el caso del exalcalde resalta las tensiones entre la administración actual y figuras políticas que han disfrutado de apoyo y éxito en el pasado. Las decisiones del sistema judicial, con el trasfondo de la denuncia de acoso político, desnudan las complicadas dinámicas de poder y la lucha por la transparencia en la gestión pública. El próximo paso será la captura de Fernández y la posterior judicialización de su caso.

Este episodio podría repercutir significativamente en la percepción pública sobre la gestión municipal y la confianza en las instituciones en un contexto donde la política en Bolivia a menudo enfrenta cuestionamientos sobre su integridad y funcionamiento.