Empresas petroleras rechazan licitaciones en Malvinas por decreto argentino

La Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE), que representa a 33 empresas del sector de perforación y servicios auxiliares, ha decidido no participar en licitaciones relacionadas con proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas. Esta determinación fue anunciada a través de un comunicado, coincidiendo con la entrada en vigor del decreto 868/2026, que se publicó el 4 de septiembre en el Boletín Oficial de Argentina.

En su comunicado, la CASEPE expresó su respeto por la soberanía argentina y reafirmó su compromiso de cumplir con la legislación vigente en el país. Además, comunicó que continuará promoviendo el desarrollo del sector energético nacional. Aunque no se menciona explícitamente, esta decisión impacta directamente en proyectos como el Sea Lion, que están en manos de empresas extranjeras como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, aunque no se aclara si la postura se aplica a las casas matrices de estas empresas.

Con una trayectoria que data de 1966, CASEPE se considera la principal empleadora en el sector de petróleo y gas de Argentina. El respaldo de importantes nombres como Nabors, Halliburton y Baker Hughes, entre otros, otorga un peso significativo a esta decisión, que supera un simple pronunciamiento de una compañía individual. Estas empresas son actores clave en la actividad hidrocarburífera, incluido el campo de Vaca Muerta, donde se llevan a cabo diversas operaciones de extracción.

Esta decisión colectiva se enmarca en un contexto anterior donde varias de estas empresas ya habían manifestado su intención de no participar en licitaciones vinculadas al archipiélago. Por ejemplo, SLB, la mayor firma de servicios petroleros a nivel global, también había declarado su intención de mantenerse al margen, y el canciller Pablo Quirno había confirmado que Baker Hughes y Halliburton harían lo mismo. Estos pronunciamientos han reivindicado una postura unificada en el sector.

El nuevo decreto designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la ley 26.659, que regula el marco legal para las actividades hidrocarburíferas en zonas en disputa. También se establecieron procedimientos administrativos que incluyen declaraciones juradas y un régimen de estabilidad fiscal para las inversiones en el sector. Para las empresas que operan en la cuenca petrolera argentina, esta normativa es crucial, ya que afecta directamente la obtención de permisos y concesiones.

En conclusión, la posición unificada de CASEPE refleja un alineamiento con la política del gobierno argentino sobre la soberanía nacional respecto a las Malvinas, complicando así la apuesta de empresas extranjeras en la región. La industria del petróleo y gas en Argentina, especialmente en el contexto de Vaca Muerta, ve este pronunciamiento como un claro indicativo del rumbo que tomará el sector en el futuro, en un marco de creciente regulación y control estatal.