Estados Unidos impone sanciones financieras históricas a cárteles mexicanos

Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos llevó a cabo una de las sanciones más amplias en su historia contra el narcotráfico. El 23 de julio de 2026, se aplicaron medidas restrictivas a 55 personas y entidades asociadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo a Juan Carlos González, apodado “Pelón”, quien asumió el liderazgo tras la muerte de “El Mencho”. Esta acción forma parte de una estrategia de tres décadas destinada a combatir el narcotráfico y sus complejas redes de financiamiento.

Además de sancionar al CJNG, en junio de 2025 se identificaron a tres bancos mexicanos —CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.— como entidades de “principal preocupación” por su vinculación con el lavado de dinero. Estas instituciones, que administen activos combinados por más de 22.000 millones de dólares, han sido desconectadas del sistema financiero estadounidense, impidiéndoles realizar transferencias de fondos con la banca norteamericana para frenar su participación en el tráfico de opioides.

Las sanciones recientes representan un fuerte mensaje contra el CJNG y otros grupos criminales, y se suman a un contexto donde la Red de Control de Crímenes Financieros ha intensificado su vigilancia sobre las operaciones de lavado. A través de la Ley FEND Off Fentanyl, el Tesoro busca acciones más drásticas en la lucha contra la creciente crisis de opioides, con el fin de controlar flujos monetarios relacionados con la fabricación de estas sustancias ilegales, provenientes a menudo de México.

En el marco de estas acciones, destacan sanciones previas contra entidades financieras. HSBC Holdings, por ejemplo, acordó en diciembre de 2012 un pago de 1.900 millones de dólares por no controlar adecuadamente operaciones que involucraban ganancias del narcotráfico entre 2006 y 2010. La falta de supervisión por parte de la entidad permitió que millones de dólares fluyeran sin control, beneficiando principalmente al Cártel de Sinaloa.

Otra sanción notable fue la de Wachovia, ahora parte de Wells Fargo, que en 2010 se comprometió a pagar 160 millones de dólares tras haber procesado sin los controles antilavado más de 378.000 millones de dólares en transacciones a través de casas de cambio. Esto a su vez facilitó el financiamiento del Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales, lo que llevó a las autoridades a criticar severamente su desprecio por las leyes bancarias.

En consecuencia, la sucesión de medidas y pagos por parte de instituciones donde se han dejado ver estas negligencias plantea un interés renovado en la cooperación internacional en el combate al narcotráfico. La administración estadounidense parece estar fortaleciendo su agenda financiera, apuntando a interrumpir las operaciones de los cárteles y sus redes de complicidades.

Continúa siendo crucial observar cómo estas sanciones afectarán el entramado financiero de los cárteles y qué nuevos pasos se tomarán para desmantelar sus operaciones en el futuro.