Estafa en Puerto Madryn revela red de fraudes y trata de personas
Una denuncia en Puerto Madryn llevó a una extensa investigación que incluyó 40 allanamientos en Buenos Aires, revelando una red dedicada a estafas y posibles casos de trata de personas. La intervención de múltiples fiscalías y organismos federales ha permitido el avance del caso, que involucra también a ciudadanos extranjeros en situación vulnerable.
A principios de 2026, un vecino de Puerto Madryn realizó una denuncia que originó una investigación federal de gran envergadura. Dicho trabajo ha llevado a la realización de alrededor de 40 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, focalizándose en una red acusada de estafas a inversores a través de una plataforma digital falsa.
El caso fue impulsado por la Fiscalía N.º 14, liderada por el fiscal Madrea, e involucra a fiscalías de Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y la Capital. Esta colaboración se debió a la complejidad del entramado, que operaba bajo la apariencia de inversión legítima, pero que en realidad representaba un mecanismo diseñado para defraudar.
En los recientes operativos en Buenos Aires, las fuerzas policiales detectaron lugares utilizados para abrir cuentas bancarias que facilitaban el movimiento de dinero ilícito. Además, varios sospechosos fueron identificados y se confiscaron tanto efectivo como dispositivos electrónicos que serán clave para establecer la ruta del dinero y la estructura operativa de la organización, que funcionaba de manera descentralizada.
El análisis forense de los dispositivos incautados se espera que arroje información crucial sobre las dinámicas internas de la red. Fuentes judiciales señalaron que, a diferencia de otras organizaciones, esta carecía de un centro de operaciones convencional, lo que le permite operar desde diferentes domicilios con el apoyo de tecnología avanzada.
Las investigaciones también han revelado ramificaciones que conectan el caso con otros delitos. En el transcurso de los allanamientos, la Dirección Nacional de Migraciones fue convocada para verificar el estatus de varios ciudadanos extranjeros en los lugares intervenidos, muchos de los cuales presentaban permisos de residencia vencidos, lo que llevó a la remisión de los mismos a las autoridades correspondientes.
Por otra parte, se han registrado indicios de trata de personas. En este contexto, una joven tailandesa de 21 años manifestó que su permanencia en el lugar no era por voluntad propia. En consecuencia, un individuo, que está inicialmente relacionado con la administración de la plataforma fraudulenta, fue demorado pero luego liberado, aunque la investigación por las estafas sigue su curso sin que se hayan producido detenciones hasta el momento.
La unidad fiscal especializada en trata de personas se encuentra ahora abocada a este nuevo aspecto del caso, buscando esclarecer el alcance de las denuncias y proteger a posibles víctimas involucradas en esta trama delictiva.