Exgobernadores neuquinos podrían ser testigos en juicio por planes sociales
Dos exgobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez y Jorge Sapag, podrían ser convocados como testigos en un juicio relacionado con una estafa de planes sociales. El abogado Alfredo Cury, condenado por asociación ilícita, busca esclarecer su rol durante la administración del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en el marco del caso de corrupción que involucra desvío de fondos públicos.
En el contexto del juicio por corrupción más significativo en Neuquén en años, dos exgobernadores, Omar Gutiérrez y Jorge Sapag, podrían ser llamados a testificar. Este proceso judicial se centra en los cargos de asociación ilícita relacionados con un esquema de desvío de fondos de programas sociales, específicamente el Subsidio a la Desocupación Laboral. Alfredo Cury, abogado condenado en este caso, presentó un pedido para que ambos dirigentes declare acerca de la estructura de poder en el MPN mientras se perpetraba esta maniobra. El tribunal ya había establecido que el dinero desviado fue utilizado para financiar la actividad política del MPN, lo que aumenta la tensión del proceso actual.
La solicitud de Cury, hecha "ad cautelam", fue presentada a la Oficina Judicial, aunque busca evitar que se avance con el trámite hasta que se resuelvan los recursos que presenta para revertir su condena. La investigación revela que entre septiembre de 2020 y julio de 2022, se llevó a cabo una maniobra dentro del Ministerio de Desarrollo Social, donde se retuvieron tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales. De esta forma, una parte del subsidio era para los beneficiarios y el resto se desvió hacia la estructura del MPN, aumentando el perjuicio a las familias vulnerables de la provincia.
El daño económico acreditado asciende a 153.377.900 pesos, cifra que actualizada supera los 1.200 millones. Durante el veredicto, el juez Juan Manuel Kees enfatizó que este monto no puede ser subestimado, explicando que refleja un daño significativo para la sociedad. Según las autoridades judiciales, el dinero quedó registrado en la llamados "caja azul", pero el tribunal también notificó que no se probó que los condenados fueran los receptores finales de los fondos, lo que deja abierta la interrogante sobre la falta de imputaciones a dirigentes políticos hasta el momento.
En diciembre de 2025, un tribunal sentenció a doce personas por administración fraudulenta en este caso, con penas que varían desde prisión efectiva hasta condenas en suspenso. Las penas más severas cayeron sobre el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, de quienes se definió que tuvieron un papel central en el esquema ilícito. Esta situación provoca un gran impacto en el panorama político neuquino, donde el MPN ha ejercido un liderazgo notable por décadas