Exjefe de Tránsito acusado por uso indebido de tarjeta de combustible municipal
La Justicia ha presentado cargos contra un exjefe de Tránsito de San Antonio Oeste por el uso irregular de una tarjeta de combustible municipal en un viaje personal. La Fiscalía sostiene que el exfuncionario malversó fondos públicos al cargar combustible en un trayecto a Buenos Aires sin la debida autorización.

El exjefe de Tránsito de la Municipalidad de San Antonio Oeste enfrenta cargos por la utilización indebida de una tarjeta de combustible municipal, en el marco de una investigación que alega malversación de caudales públicos. Según la acusación, el funcionario habría usado la tarjeta YPF asignada para su cargo durante un viaje privado a Buenos Aires entre el 20 y el 28 de diciembre de 2025, pese a estar de licencia y no contar con autorización municipal para dicho desplazamiento.
La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada por la Secretaría de Gobierno municipal el 24 de febrero de 2026 y ampliada en agosto del mismo año. La Fiscalía afirma que la solicitud de comisión para el viaje había sido rechazada y que el exjefe de Tránsito ya había recibido advertencias sobre el uso indebido de la tarjeta. A pesar de esto, la Municipalidad cubrió inicialmente los gastos vinculados al consumo de combustible.
Se registraron múltiples cargas de combustible correspondientes al viaje, junto con tickets y documentación que comprueban la relación del imputado con el uso de la tarjeta municipal. La cifra total de gastos notificados asciende a $359.707,01 y se han presentado pruebas adicionales, como una resolución del proceso administrativo que culminó en la cesantía del acusado.
La defensa del exfuncionario, representada por la Defensa Pública, ha cuestionado la validez de los cargos. Durante la audiencia, el acusado argumentó que su viaje tenía como objetivo realizar tareas administrativas relacionadas con su puesto, justificando ello mediante la calibración de equipos de su área. Además, la defensa sostiene que no se cuenta con documentación que respalde el supuesto rechazo de su licencia y ha reflejado que la práctica de usar su vehículo personal para tareas laborales era habitual y no generaba un perjuicio al Estado.
Este caso plantea interrogantes sobre el uso de recursos públicos y la responsabilidad de los funcionarios en la gestión de los mismos. El impacto de este incidente no solo afecta la reputación del exjefe de Tránsito, sino también la confianza de los ciudadanos en el manejo de los recursos municipales. La falta de claridad en las autorizaciones y la supervisión del uso de las tarjetas de combustible resalta la necesidad de mayor control y rendición de cuentas en la administración pública.
A medida que avance la causa, se espera que se esclarezcan los detalles sobre el uso de la tarjeta y se establezcan precedentes para evitar situaciones similares en el futuro. La comunidad observa con atención el procedimiento judicial y espera respuestas que aseguren la transparencia en la gestión de los fondos públicos.