Exministros de Neuquén a un paso del juicio por desvío de fondos

La causa judicial conocida como Viento Sur se encuentra a punto de transitar hacia la fase de juicio en Neuquén, tras el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para llevar a cabo la audiencia de control de acusación. Este caso investiga el presunto desvío de fondos públicos que habría afectado al programa destinado a acciones de capacitación en la provincia, generando un daño económico calculado en $1.208.657.600 entre los años 2022 y 2023.

En total, hay ocho imputados, incluidos los exministros provinciales Abel Di Luca y Germán Chapino, quienes están acusados de administración fraudulenta. Junto a ellos, también se encuentran particulares que, supuestamente, colaboraron en la elaboración de este esquema que permitió el desvío de fondos. La acusación formal incluye a otras tres personas identificadas como D.M, S.E.B y L.L.V, así como tres coimputados adicionales que actuaron como partícipes necesarios en las maniobras.

Según la teoría del caso presentada por la fiscal Rocío Rivero, los exfuncionarios y varias personas vinculadas a la cooperativa Viento Sur actuaron de manera coordinada para eludir los controles que debía tener el programa del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Este programa requería comprobaciones fundamentales antes de cualquier desembolso de dinero, tales como la verificación de la regularidad institucional de la cooperativa y la presentación de un plan de acción válido.

Los fiscales señalan que los pagos se realizaron a pesar de los dictámenes desfavorables de la Contaduría General de la Provincia, lo que evidencia un incumplimiento de los procedimientos establecidos. La fiscalía argumenta que los exministros autorizaron pagos sin verificar los requisitos exigidos, aceptando rendiciones que se encontraban incompletas o, en algunos casos, inexistentes.

Este caso ha captado la atención en Neuquén debido a la magnitud de los fondos implicados y la posibilidad de que influyentes exfuncionarios se enfrenten a un juicio. La intervención de la Fiscalía de Estado como parte querellante también resalta el interés del gobierno provincial en perseguir la responsabilidad judicial de los involucrados.

Ante la inminencia del juicio, se espera que las partes involucradas se preparen para presentar sus argumentos en la audiencia de control de acusación. La respuesta social y política a este escándalo de corrupción podría influir en futuras elecciones y en la percepción de la gestión pública en la provincia.