Exoneran a exministro de Neuquén por condena en Planes Sociales

El exministro de Desarrollo Social de Neuquén, Abel Di Luca, ha sido exonerado de su puesto en la administración pública provincial tras su condena por administración fraudulenta en la causa conocida como Planes Sociales. La decisión, considerada la sanción más severa dentro del régimen disciplinario, impide a Di Luca ocupar cargos en el Estado en el futuro. La medida fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de octubre, aunque el decreto que la ordenaba había sido firmado un mes antes, el 8 de septiembre.

Esta exoneración se produjo justo un día después de que Di Luca fuera sobreseído en otro expediente que tenía relación con la Cooperativa Viento Sur, donde también se investigaba el posible desvío de fondos. Ambos casos involucran a miembros del gabinete del exgobernador Omar Gutiérrez, incluido Gernán Chapino, quien también fue beneficiado en el caso de la cooperativa mencionada.

El decreto que estipula la exoneración no lleva la firma del actual gobernador Rolando Figueroa, ya que fue suscripto por la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, quien debía actuar en su ausencia. La decisión está ratificada por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. Di Luca había sido suspendido preventivamente en 2024 tras un sumario administrativo iniciado en el Ministerio de Seguridad, donde se analizaron irregularidades en la gestión de planes sociales.

Según las conclusiones del sumario, que abarcó desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2022, Di Luca desempeñó un papel crucial en un circuito irregular de pagos que desvió fondos destinados a personas en situación de vulnerabilidad. Testigos afirmaron que el exministro intervenía en la etapa final de autorización de estos pagos, que no se trataban de maniobras aisladas, sino de un funcionamiento coordinado entre diferentes áreas del gobierno provincial.

El mecanismo utilizado por Di Luca permitía que sólo una mínima parte del subsidio por desocupación llegara a los beneficiarios, quienes actuaban como pantallas para que los participantes del esquema se quedaran con los fondos públicos. La Junta de Disciplina de la Administración Pública constató que entre septiembre de 2020 y julio de 2022, el perjuicio al Estado alcanzó los 153.377.900 pesos, cifra que incluye tanto pagos con tarjetas de débito como cheques.