Extensión de prisión preventiva para Geiner Alvarado alcanzará un año
La Corte Suprema de Perú confirmó la extensión de la prisión preventiva de Geiner Alvarado a un plazo de 12 meses. La decisión fue tomada en el contexto de su investigación por presunta implicación en una organización criminal relacionada con el expresidente Pedro Castillo.
El Poder Judicial de Perú ha decidido extender la prisión preventiva del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, a 12 meses. La Corte Suprema tomó esta medida tras rechazar la apelación presentada por Alvarado, en una investigación en la que se le cuestiona su posible participación en una organización delictiva vinculada al expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra en situación de investigación por diversos delitos.
Inicialmente, el Juzgado Supremo había acordado un plazo de siete meses para la prisión preventiva, argumentando que existía riesgo de fuga y relevancia en la investigación por su complejidad. Sin embargo, la Segunda Fiscalía Suprema reclamó un período mayor, el cual fue finalmente aceptado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que argumentó que un tiempo menor impediría completar las pericias necesarias relacionadas con el caso, incluyendo análisis forenses y contables.
Este caso es de gran magnitud, ya que involucra a altos funcionarios estatales y más de 95 personas bajo investigación en otras fiscalías. La Corte también destacó la preocupación por un riesgo latente de fuga de Alvarado, especialmente en vista de la actitud del Gobierno de México, que ha mostrado disposición para conceder asilo político a personas relacionadas con Castillo.
El tribunal consideró que la evidencia presentada por la Fiscalía era suficiente para justificar la ampliación a 12 meses, permitiendo así la recolección de pruebas cruciales. Los magistrados señalaron la importancia de asegurar que el proceso judicial avanza sin interferencias, dado el contexto de numerosos acusados implicados en la red criminal.
Además, la defensa de Alvarado ha presentado un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional de Perú para cuestionar la decisión del Poder Judicial, alegando que la prisión preventiva es desproporcionada y arbitraria. La audiencia vinculada a este pedido se llevó a cabo antes de la reciente resolución de la Corte Suprema y se espera una respuesta por parte del Tribunal en un futuro cercano.
La defensa sostiene que el encarcelamiento se basa en riesgos de fuga que no son aplicables a su cliente, dado que cuenta con un arraigo domiciliario significativo. El desarrollo de estos acontecimientos refleja la creciente tensión y complejidad en el sistema judicial peruano, sumado a la controversia política que rodea al expresidente Castillo y su administración.