Extorsión y funcionarios involucrados en la masacre de Zacatecas
Las indagatorias por el hallazgo de diez cuerpos en Zacatecas revelan una posible red de extorsión al sector constructor, vinculando a funcionarios locales con el crimen. La Fiscalía investiga al alcalde de Fresnillo tras la identificación de implicados entre las víctimas.
La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ha obtentido nuevos avances en la investigación sobre el hallazgo de diez cuerpos en Pánuco, Morelos y Saín Alto, ocurrido el 18 de julio. Según las autoridades, estos descubrimientos podrían estar relacionados con una red de extorsión que operaría en el sector de la construcción desde el año 2025, lo cual ha generado gran preocupación en la región debido al impacto que el crimen organizado ejerce sobre la economía local.
Cristian Paul Camacho Osnaya, el fiscal general, indicó en una conferencia de prensa que se están investigando dos líneas principales: la extorsión al sector constructor y la posible colusión de funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo. En este contexto, se ha revelado que al menos dos de las víctimas podrían haber formado parte de esta red criminal, ya sea coaccionadas o involucradas de alguna otra manera.
Fresnillo se destaca por liderar las estadísticas de extorsión a nivel estatal, con 218 carpetas de investigación abiertas hasta la fecha. Este dato refleja la gravedad del problema en la región y la vulnerabilidad del sector constructor, que se ha visto afectado no solo por la inseguridad, sino también por la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades competentes.
A pesar de las implicaciones que surgen de la investigación, el fiscal subrayó que los diez fallecidos deben ser considerados como víctimas en todo momento. Dicha postura busca esclarecer que independientemente de su relación con el entorno criminal, su muerte es el resultado de un acto violento y no de la justicia.
Infobae México ha identificado a dos funcionarios del municipio de Fresnillo, el secretario de Desarrollo Social Fidel Alvarado de la Torre y el bombero municipal Jesús Gerardo Muñetón Hernández, como los únicos servidores públicos entre las víctimas. La Fiscalía ha llamado a declarar al alcalde, Javier Torres Rodríguez, quien no asistió a la citación inicial alegando razones de salud. Su testimonio es crucial para la resolución del caso.
Este suceso ha generado una respuesta de las fuerzas de seguridad, con el despliegue de 100 soldados de élite en la región, debido a la creciente preocupación por la violencia relacionada con el narcotráfico y la extorsión. Se prevé que las investigaciones continúen, ampliándose a medida que se identifiquen nuevas líneas de pesquisa y se recaben más testimonios.
La situación en Zacatecas refleja una problemática a gran escala que afecta no solo la seguridad de sus habitantes, sino también las dinámicas económicas de la zona, que dependen en gran medida de un sector constructor que enfrenta serios riesgos operativos debido a la presión del crimen organizado.