Facundo Jones Huala demanda al Estado chileno por una indemnización millonaria

Facundo Jones Huala, dirigente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), ha interpuesto una demanda ante el Estado chileno en la que exige más de 100 millones de pesos chilenos (aproximadamente 100.000 dólares) debido a una supuesta detención prolongada. La acción judicial se origina en la condena impuesta en 2018, que lo sentenció a seis años y un día de prisión por el incendio de un fundo en Río Bueno y por tenencia ilegal de un arma en 2013.

La controversia en torno a su tiempo de prisión cobró nuevos bríos en 2024, cuando la Corte Suprema de Chile determinó a favor de Huala, resolviendo que había cumplido la totalidad de su condena el 14 de junio de ese año. Según el fallo, se halló un error en el cálculo de los días que debía seguir detenido tras su extradición desde Argentina, lo que llevó a la conclusión de que estuvo injustamente privado de su libertad por varias semanas. Este incumplimiento por parte de Gendarmería de Chile es el argumento central de su demanda.

Huala logró obtener libertad vigilada en 2022, aunque fue revocada por una corta fuga a Argentina. Su repercusión en el ámbito local y su liderazgo en la política mapuche han sido motivo de polémica, especialmente por su implicación en actos de violencia atribuidos a la RAM en la Patagonia. Desde 2025, Huala se encuentra bajo prisión preventiva en Argentina, donde es investigado por su liderazgo en dicha organización.

Recientemente, fue trasladado desde la cárcel de Rawson a la unidad penitenciaria de Esquel, donde continúa detenido por una causa que tramita la Justicia Federal. Su situación ha generado un gran interés público, no solo por su historia judicial, sino también por su cambio de imagen reciente, en el que adoptó un aspecto más alejado de la vestimenta tradicional mapuche, probablemente en relación con el régimen penitenciario.

La demanda presentada por sus abogados señala que el daño moral por la detención prolongada justifica el reclamo de indemnización. La resolución de este caso podría tener implicaciones no sólo en sus circunstancias personales, sino también en el contexto más amplio de derechos y justicia que involucra a la población indígena en el sur de Chile y Argentina.

En un entorno marcado por la tensión entre el Estado y las comunidades mapuches, el avance de esta demanda se seguirá de cerca, dado que puede repercutir en futuras cuestiones relacionadas con la legislación y las políticas sobre derechos indígenas en la región._