Fallo en Neuquén refuerza condenas por estafa en planes sociales

El Tribunal de Impugnación de Neuquén ha decidido que la estafa vinculada a planes sociales se enmarca dentro de una asociación ilícita, contradiciendo un fallo anterior que había absolvido a los involucrados del delito más grave. Los jueces consideraron que la organización criminal utilizó el aparato estatal para llevar a cabo la maniobra, lo que transforma la estafa en un delito más complejo que la simple administración fraudulenta.

En su fallo, el Tribunal determinó que la estructura creada bajo el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Omar Gutiérrez no solo representó un delito patrimonial ordinario, sino que demostró la existencia de una banda criminal con una operativa bien definida. Esto fue establecido por el juez Federico Sommer, quien argumentó que la continuidad y estabilidad del funcionamiento del grupo coincidía con los criterios necesarios para calificarlo como asociación ilícita.

El esquema de la estafa involucraba diferentes modalidades de desvío de fondos, incluyendo a beneficiarios falsos que eran, en su mayoría, personas vulnerables. Además, se descubrió la participación activa de empleados de la Dirección de Planes Sociales, sus familiares y otras personas recomendadas por políticos locales, conocidos popularmente como "punteros". Este mecanismo permitió la extracción sistemática de subsidios, de los cuales solo una pequeña parte llegaba a los verdaderos beneficiarios.

Dicha situación planteó una contradicción en la sentencia inicial, que había valorado a las 12 personas implicadas únicamente por administración fraudulenta. Sommer destacó que la red funcionaba en un circuito clandestino, donde los mismos actores se repetían mes a mes durante un largo periodo, evidenciando un acuerdo entre ellos para mantener el control de los fondos públicos.

Esto representa un reto para la administración pública de Neuquén, que ya enfrenta investigaciones sobre corrupción en el uso de fondos estatales. La vinculación de funcionarios estatales en este tipo de delitos subraya la necesidad de fortalecer los controles y la transparencia en los procesos administrativos, especialmente en programas destinados a asistir a las personas más vulnerables.

De aquí en adelante, se espera que el caso continúe su curso judicial, generando un precedente significativo en materia de corrupción, así como un llamado a la reflexión sobre el uso de los recursos públicos en la provincia.