Fallo judicial sobreseye a adolescente implicado en intento de robo en Buenos Aires

Recientemente, un adolescente de 14 años fue sobreseído en un caso de intento de robo ocurrido en Buenos Aires, donde un hombre de 47 años fue abordado por jóvenes en actitud de asalto. Según la denuncia, uno de los adolescentes le exigió su celular, pero el hombre logró escapar y alertar a la policía, evitando así que el robo se concretara.

La jueza Laura De Marinis, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº3, resolvió que el menor no sería juzgado, alegando que el delito no se materializó ya que la víctima logró evadir la situación. La magistrada también argumentó que la legislación aplicable al caso, el nuevo Régimen Penal Juvenil, no era pertinente para un adolescente de esa edad, sugiriendo la necesidad de priorizar medidas de asistencia y protección de derechos en lugar de procesamiento judicial.

Este fallo se produce en el contexto de la reciente entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece un sistema de responsabilidad penal juvenil para aquellos entre 14 y 18 años. La norma, aprobada en marzo de 2026, sustituyó a la Ley 22.278 y busca implementar un enfoque más rehabilitador hacia los jóvenes en conflicto con la ley, utilizando alternativas a la privación de la libertad y enfocándose más en la protección de sus derechos.

La Ley 27.801 contempla un sistema especializado que incluye jueces, fiscales y defensores capacitados para tratar estos casos, así como diversas medidas, entre las que se encuentran la reparación del daño y el monitoreo electrónico. Esta reforma ha surgido en un contexto de debate sobre cómo deberían abordarse los delitos cometidos por menores de edad en Argentina.

El pronunciamiento de De Marinis ha suscitado un nuevo debate sobre la eficacia y la interpretación de la nueva ley, especialmente considerando que se ha implementado recién en septiembre de este año. La jueza, al considerar inconstitucional la aplicación del régimen para el caso específico, pone de relieve los desafíos y tensiones entre el sistema penal y las garantías de los menores en la actualidad.

El impacto de esta decisión no solo afecta al menor implicado sino que también puede sentar un precedente para futuros casos que involucren a adolescentes. La evolución de esta normativa y sus aplicaciones en situaciones similares será objeto de atención en el ámbito judicial y en la sociedad, dado el contexto actual sobre la seguridad y el tratamiento de la delincuencia juvenil en el país.