Familia aislada en El Manso Inferior logra intervención judicial por acceso

Una familia que reside en El Manso Inferior, una región donde el acceso a caminos es fundamental para la comunicación y el abastecimiento, ha atravesado semanas difíciles debido al cerramiento de su único acceso habitual. Este problema se originó cuando el propietario de un terreno colindante decidió instalar un candado en una tranquera que durante años había permitido el paso. Como resultado, la familia quedó completamente aislada, obligando a una intervención legal ante la gravedad de la situación.

El día a día de los afectados se complica enormemente, ya que para llegar a la Ruta 83 deben cruzar el río Manso en bote hasta un terreno particular donde guardan su vehículo. El camino cortado no solo dificulta su movilidad, sino que además afecta su economía. La familia depende del uso de este acceso para transportar la producción de sus animales y obtener víveres necesarios para subsistir, lo cual plantea serias complicaciones en su rutina diaria.

La situación se torna aún más crítica considerando la salud de los integrantes del hogar. Entre los miembros se encuentran una persona mayor con enfermedades múltiples, un hombre que sufre afecciones del corazón y una niña con discapacidad. Este contexto impulsó a la familia a articular una presentación legal que señalaba el riesgo inminente ante la imposibilidad de acceder a servicios médicos y a emergencias.

Como resultado de estas circunstancias, el Juzgado de Paz de El Manso fue requerido para gestionar el conflicto. En una primera instancia se estableció una tregua de 90 días que permitía el uso compartido del acceso; sin embargo, al vencimiento del plazo, las tensiones volvieron a crecer, llevando a uno de los vecinos a solicitar una medida cautelar para mantener el camino habilitado.

Luego de revisar las evidencias y antecedentes, la jueza del Juzgado Multifueros de El Bolsón confirmó el uso histórico del sendero y dictó una sentencia que exigía al propietario garantizar el acceso inmediato. Esta decisión toma en cuenta tanto los daños económicos como los riesgos a la salud que sufriría la familia si el bloqueo continuaba.

Como resultado, se implementará un sistema temporal de uso compartido de las llaves del candado durante los siguientes tres meses. Durante este tiempo, los afectados deberán avanzar con acciones legales que definan su derecho de paso o iniciar un proceso de mediación para resolver la disputa de manera definitiva. La resolución judicial satisface, al menos de forma temporal, las necesidades urgentes de movilidad y acceso a servicios básicos de la familia afectada.