Fijaron plazo para investigar a Juan Carlos Levi por fraude en la mutua de UOCRA
La Justicia de Neuquén estableció un plazo de 90 días para que la fiscalía determine la situación procesal de Juan Carlos Levi, el dirigente sindical de la UOCRA, en el marco de una investigación por presunta administración fraudulenta. La causa, que se encuentra en su etapa preliminar, evalúa posibles irregularidades en la gestión de la Asociación Mutual de trabajadores constructores.
En una audiencia reciente, el juez de garantías Raúl Aufranc rechazó el pedido de la defensa de Juan Carlos Levi, quien solicitaba apartar a la querella del proceso judicial. Se fijó un período de 90 días para que la fiscalía evalúe y determine si procederá con cargos en su contra por presunta administración fraudulenta asociada a la mutual del gremio UOCRA en Neuquén.
La investigación busca esclarecer si han existido irregularidades en la gestión económica de la Asociación Mutual, a través del análisis de sus movimientos bancarios y balances de ingresos y egresos. Durante esta etapa, las fiscales Rocío Rivero y su asistente Ailín Mora han destacado la complejidad del caso, debido a la gran cantidad de elementos probatorios que deben ser revisados. En los allanamientos realizados en enero, se secuestraron documentos y dispositivos electrónicos que se encuentran en proceso de auditoría.
Dicha documentación está siendo evaluada por Gendarmería Nacional, lo que ha llevado a prolongar la investigación. El juez Aufranc accedió a una prórroga judicial de 90 días, argumentando que el caso requiere tiempo adicional para una revisión exhaustiva antes de definir si se archiva o se presentan cargos formales.
El abogado defensor de Levi, Sebastián Perazzolli, intentó argumentar que no debería estar presente Maximiliano Gómez, quien actúa como querellante en representación de afiliados a la mutual, alegando que su inclusión en el proceso no era adecuada en esta fase. Sin embargo, el juez mantuvo a Gómez en el caso, señalando que no existen intereses interpuestos y que se encuentra en una fase preliminar.
En sus alegatos, Gómez presentó la hipótesis de que las irregularidades han llevado a que se desvíen fondos de los trabajadores hacia una mutual que no cuenta con las acreditaciones necesarias. Esto fue ejemplificado con el caso de un afiliado que experimentó negativas en la recepción de ciertas prestaciones comerciales, bajo la premisa de que el comercio confirmó la ausencia de convenios válidos.
La situación en la mutual implica un tema delicado que afecta a un amplio grupo de trabajadores y representa una preocupación central dentro del sindicalismo de la construcción en Neuquén. La investigación continúa su curso, y se espera un avance claro en los próximos meses.