Filtración de datos del SIAC/SIDAC genera preocupación en México

El reciente ataque al Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC/SIDAC) del gobierno mexicano ha expuesto graves vulnerabilidades en la protección de datos personales. Este incidente no solo representa una falla técnica, sino que refleja la incapacidad del Estado para proteger la información de aquellos ciudadanos que han confiado en las instituciones al realizar denuncias. Aproximadamente 400 mil registros han sido comprometidos, incluyendo información sensible como nombres, domicilios y detalles sobre denuncias dirigidas a diversas entidades gubernamentales, desde la Secretaría de la Defensa Nacional hasta la Fiscalía General de la República.

La filtración ha sido catalogada como uno de los episodios más críticos en la materia de ciberseguridad en México. El fallo detectado, un tipo conocido como IDOR (Insecure Direct Object Reference), permite a cualquier usuario acceder a datos de otros ciudadanos simplemente modificando un número de folio en la dirección del sistema, lo que evidencia una falta de mecanismos de autenticación adecuados. Peor aún, la información filtrada ha terminado circulando en la dark web y en aplicaciones de mensajería, extendiendo los riesgos para las víctimas de denuncias.

Este evento tiene implicaciones profundas en la confianza pública, un aspecto ya afectado en el contexto de la justicia mexicana. Desde hace años, el país enfrenta una crisis de denuncias, donde un alto porcentaje de delitos se mantienen en la “cifra negra”. Según datos del INEGI, solo el 9.6% de los delitos cometidos el año pasado fueron denunciados; el resto, según la población, se debe a la percepción de que denunciar es inútil o peligroso.

La filtración del SIAC/SIDAC anula la confianza construida entre el ciudadano y el Estado. Aquellos que se atrevieron a denunciar delitos graves como homicidios o extorsiones, lo hicieron bajo la expectativa de que su información estaría protegida, sin embargo, ahora se encuentran en riesgo ante potenciales represalias por parte de criminales. La filtración de sus datos permite que grupos del crimen organizado puedan identificar a posibles denunciantes, convirtiéndola en un “mapa de inteligencia” para represalias.

Este episodio no es aislado. En los últimos años, se han documentado otros ataques cibernéticos a instituciones públicas, revelando un patrón de vulnerabilidades graves en toda la administración pública. A pesar de que el gobierno ha anunciado un Plan Nacional de Ciberseguridad y ha implementado políticas al respecto, la realidad muestra que las fallas continúan. La crisis de confianza se ve multiplicada por la falta de acción efectiva para proteger la información de los ciudadanos.

El impacto de esta situación podría ser devastador para el futuro de la denuncia en México, generando un clima en el que las personas prefieren el silencio a los riesgos de un sistema que no garantiza su seguridad. En conclusión, esta filtración es un llamado urgente a mejorar las medidas de protección y a restaurar la confianza perdida entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales, fundamentales para el funcionamiento de cualquier sistema democrático.