Fiscal solicitó culpabilidad de Quiroga por administración fraudulenta

Durante una reciente audiencia, el fiscal general de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Lucas Papini, solicitó que se declare culpable a Félix Guillermo Quiroga por administración fraudulenta. Esta acusación se basa en el supuesto desvío de fondos del sindicato ATE Chubut a cuentas personales del acusado entre 2019 y 2023, un período que ha sido objeto de una investigación minuciosa.

Según alegó la fiscalía, Quiroga transfirió un total de 22.765.769 pesos de la cuenta del sindicato a cuentas privadas sin justificar esos movimientos. Además, se estima que, a partir de la revaluación de estos montos en la actualidad, las operaciones fraudulentas superarían los 400 millones de pesos. Papini argumentó que las acciones de Quiroga corresponden al delito de administración fraudulenta, establecido en el artículo 173, inciso 7° del Código Penal argentino, que no requiere demostrar engaño, sino la falta de lealtad en la administración de bienes ajenos.

El dinero en cuestión provenía de las cuotas descontadas a los trabajadores por el Estado y que se depositaban en una cuenta del Banco del Chubut. Pese a su responsabilidad como Secretario General, Quiroga, quien se encontraba de licencia gremial con salario pago por el Estado, no realizó ninguna actividad que justificara sus gastos, los cuales ascienden a más del doble de sus ingresos legitimados en el mismo periodo. Esta disparidad, de 17.012.981 pesos, es atribuible a fondos del sindicato.

Entre las transacciones cuestionadas se incluyen pagos para tarjetas de crédito, compra de bienes, viajes al exterior y transferencias a familiares, careciendo de cualquier rendición de cuentas ante los integrantes del sindicato. Desde 2019, no se ha llevado a cabo un congreso provincial que contemple la presentación del uso de estos recursos, contraviniendo lo que establece el estatuto del gremio.

La defensa de Quiroga intentó presentar testigos que afirmaban haber recibido pagos por su labor como auxiliares de la educación, sin embargo, Papini cuestionó la veracidad de estos testimonios, argumentando que ni siquiera algunos funcionarios de alto rango percibían salarios que se acercaran a las cifras que afirmaron los testigos.

La causa, que comenzó el 19 de octubre, está cerca de su cierre, lo que marca un hito en la lucha contra la corrupción y la necesidad de transparencia en la administración de los fondos sindicales. La jueza Karina Breckle es la encargada de decidir el futuro legal de Quiroga, quien se encuentra en el centro de este caso mediático que ha captado la atención de la opinión pública en Chubut.

El resultado del juicio tendrá importantes repercusiones en la percepción pública sobre la administración de sindicatos en la provincia y podría sentar un precedente sobre la rendición de cuentas requerida en el manejo de fondos laborales.