Fiscalía de Veracruz acusa a alcalde por el asesinato de una periodista

La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha solicitado al Congreso local el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, por su supuesta implicación en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien estaba al frente del portal "Pulso Informativo del Sureste". La solicitud se tramita tras el hallazgo del cuerpo de la comunicadora el pasado 3 de julio, un mes después de su desaparición en Nanchital.

El pasado 6 de julio el fiscal Iván Hernández González presentó formalmente esta solicitud. En la investigación, hasta el momento se han detenido a ocho individuos, que incluyen tanto a miembros de la organización delictiva "Grupo Sombra" como a cuatro policías de Ixhuatlán del Sureste. Un testimonio apunta a una llamada del alcalde a un líder del grupo criminal, instando a subir a la periodista, lo que sugiere su papel como autor intelectual del crimen.

Según las indagaciones, el motivo detrás del asesinato fue que Guzmán poseía una fotografía en la que González aparecía con un arma de uso exclusivo del Ejército, lo que lo podría haber comprometido. Tras su secuestro, la periodista fue llevada a un lugar donde fue torturada y finalmente asesinada, y los restos fueron enterrados en una fosa clandestina.

La presidenta del Congreso de Veracruz ha confirmado que tanto González Martínez como su colega de Úrsulo Galván, Bertín Bravo, fueron notificados de los procedimientos en su contra, teniendo un plazo de siete días hábiles para presentar su defensa. En caso de que se apruebe el desafuero, perderían su inmunidad legislativa y enfrentarían el proceso judicial correspondiente.

El partido Movimiento Ciudadano ha expresado su rechazo a lo que considera un uso político de las instituciones, mientras que la madre de Roxana Guzmán exige que el proceso no se convierta en una cacería de brujas y se esclarezca completamente el caso, evitando que se señalen chivos expiatorios. La situación se sitúa en un contexto de creciente violencia contra periodistas en México, donde la libertad de expresión enfrenta serios riesgos.