Fiscalía pide nuevas pruebas en caso de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita ha solicitado un conjunto adicional de medidas de prueba en la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por supuestos actos de enriquecimiento ilícito. Las gestiones se producen tras la entrega de documentación por parte de Adorni para aclarar varias dudas surgidas en la investigación, en la que se destaca el interés en sus operaciones con bitcoin, además de una reconstrucción de su estado patrimonial.

La solicitud del fiscal se fundamenta en la defensa presentada por Adorni, quien argumentó que su capital invertido desde 2014 proviene de ahorros familiares previos, generados por la carrera profesional de ambos cónyuges. Así, Pollicita propone investigar el crecimiento patrimonial de Adorni y su esposa desde el inicio de su vida laboral, buscando justificar sus ingresos a través de la documentación necesaria.

Entre las medidas propuestas, se destaca un pedido para que el juez federal Ariel Lijo levante el secreto fiscal que pesa sobre Adorni por el período del 28 de febrero de 1998 al 31 de diciembre de 2011. En el caso de Bettina Angeletti, el periodo abarca desde el 10 de octubre de 2000. Se requiere que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entregue todas las declaraciones de impuestos correspondientes, así como detalles sobre sus actividades económicas y cualquier información patrimonial relevante.

Además, se hace hincapié en las transacciones realizadas en bitcoin, las cuales, según Adorni, servirían para justificar una suma de US$ 591.544,61 en efectivo que no había sido declarada. La investigación pretende verificar si las ocho billeteras mencionadas realmente pertenecen al exfuncionario, y para ello se ha solicitado que se presenten las claves de acceso a dichas cuentas, bajo la supervisión de la justicia.

La defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, ha respondido entregando un sobre sellado con las claves de acceso a las billeteras, que solo podrá ser abierto bajo mandato judicial. Esto añade una dimensión técnica a la investigación, dado el tratamiento especializado que requiere la verificación de operaciones con criptomonedas.

Este caso subraya la creciente atención normativa hacia las criptomonedas y el enriquecimiento de funcionarios públicos. En el contexto argentino, donde la economía enfrenta desafíos considerables, estos casos pueden impactar en la percepción pública del gobierno y contribuir a un debate más amplio sobre la privacidad fiscal y la regulación de criptoactivos.