Fracasó la audiencia de conciliación por despidos en Conarpesa en Puerto Madryn

El conflicto laboral en Conarpesa se intensificó luego de que fracasara la primera audiencia de conciliación obligatoria, convocada por la Secretaría de Trabajo de Chubut. La reunión se llevó a cabo en Puerto Madryn, pero no se alcanzaron acuerdos debido a la ausencia de directivos de la empresa, lo que dejó a los 39 trabajadores despedidos sin soluciones inmediatas.

La conciliación, que tenía un plazo de 15 días, fue solicitada tras el despido de estos empleados, quienes fueron desvinculados al alegar que habían provocado incidentes en una protesta el pasado 15 de julio en el Parque Industrial Pesquero. Sin embargo, el sindicato que representa a los trabajadores, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), ha cuestionado la versión de la empresa, sugiriendo que no hubo agresiones ni daños, y han indicado que existen registros audiovisuales que podrían respaldar su postura.

El abogado que asistió a la audiencia en representación de Conarpesa presentó un escrito y se retiró sin participar en las negociaciones, informando que la empresa no reconoce ningún conflicto con su personal. Esta situación ha generado mayor tensión entre los trabajadores y la dirección de la empresa, sobre todo porque los despedidos pertenecen formalmente a Agropez, otra firma del mismo grupo económico, pero efectúan sus tareas en la planta de Conarpesa.

El secretario general del STIA, Luis Núñez, manifestó que la autorización de conciliación debería haber llevado a la reincorporación de los despedidos, una medida que hasta el momento no ha sido cumplida. La falta de avances en la reunión y la postura intransigente por parte de Conarpesa intensifica las preocupaciones sobre el futuro laboral de los trabajadores, algunos de los cuales tienen hasta 17 años de antigüedad en la compañía.

Además, el sindicato denunció que la empresa ha actuado de manera represiva con los despidos, lo que podría interpretarse como una estrategia para intimidar al personal. Se reconoce que el reclamo original abarcaba a un total de 85 empleados que esperaban ser reincorporados, lo que demuestra la magnitud del conflicto dentro de la planta.

En paralelo, Conarpesa ha decidido ampliar la denuncia penal por la ocupación de sus oficinas, presentando evidencias adicionales al Ministerio Público Fiscal, lo que podría dar lugar a nuevas complicaciones legales y represalias que afectarían a los trabajadores involucrados en la protesta. La situación sigue siendo incierta y se espera que el sindicato mantenga la presión para buscar soluciones que permitan la reincorporación de los empleados.