Fracasó la licitación para privatizar Intercargo, la empresa de servicios de rampa
La privatización de Intercargo, empresa estatal de servicios de rampa en aeropuertos argentinos, fue declarada desierta al no presentarse ofertas. Esta situación complica el plan del Gobierno para reducir la intervención estatal en el sector aerocomercial.

El proceso de privatización de Intercargo, la empresa estatal dedicada a brindar servicios de rampa y asistencia en tierra en los aeropuertos de Argentina, no logró avanzar tras la declaración de desierto de su licitación. El Gobierno nacional, que había fijado un precio de base de 45 millones de dólares para la venta del 100% de las acciones, no recibió ninguna oferta que cumpla con los requisitos establecidos, a pesar de que cinco firmas habían mostrado interés previo.
La resolución del Ministerio de Economía, anunciada esta semana, revela que ninguna de las empresas interesadas presentó la documentación necesaria ni las acreditaciones técnicas y financieras requeridas. Esto fue confirmado por la Comisión Evaluadora que recomendó la anulación del proceso. La apertura de sobres, postergada en dos ocasiones, culminó sin propuestas válidas, lo que pone en jaque uno de los principales objetivos del Gobierno dentro de su política de privatización.
La intención del Ejecutivo es reformar el sector aerocomercial, donde Intercargo ha mantenido durante décadas un monopolio sobre los servicios de rampa. Desde 2024, la administración ha comenzado a abrir el mercado a nuevos operadores privados, permitiendo que actualmente 13 empresas estén habilitadas para prestar estos servicios; aunque solo cuatro ya están operativas. Esta apertura busca generar mayor competencia, especialmente en un contexto marcado por conflictos gremiales que generaron retrasos y cancelaciones de vuelos.
La privatización de Intercargo también fue impulsada por su impacto en las finanzas públicas. La empresa recibió entre 2020 y 2023 subsidios que suman aproximadamente 6.700 millones de pesos para mantener sus operaciones y calidad del servicio. Sin embargo, desde finales de 2024, el gobierno dejó de subsidiar y optó por avanzar hacia la desregulación del sector.
La postergación del proceso de privatización de Intercargo deja a la empresa bajo control estatal en un mercado que ya está adoptando una estructura más diversificada. Ahora, el Gobierno debe decidir si realizará una nueva convocatoria con cambios en los términos de venta, optará por otro mecanismo de contratación o abandonará definitivamente el intento de privatización.
En este contexto, Intercargo continuará ofreciendo sus servicios en equipo con nuevos competidores privados emergentes, mientras el futuro de la compañía queda en pausa mientras se evalúan las próximas acciones del gobierno.