Frustrado el segundo intento de desalojo mapuche en Villa La Angostura
Un operativo de desalojo en Villa La Angostura fue declarado frustrado por el juez Francisco Astoul Bonorino. La disputa judicial involucra a comunidades mapuches y una propietaria, con antecedentes desde 2011.

Apenas una semana después de que se llevara a cabo el desalojo de una comunidad mapuche en la zona de El Pedregoso, cerca de Villa La Angostura, el juez civil Francisco Astoul Bonorino consideró que el operativo fue frustrado. Para completar el desalojo, el juez exigió que se realice una nueva presentación judicial, lo cual prolongará el conflicto que involucra a dos comunidades mapuches y a la dueña del terreno, cuya reclamo ha obtenido fallos favorables en todos los niveles judiciales.
La disputa por el predio se remonta a 2011 y se ha extendido por más de una década. María Cristina Broers, quien reclama la propiedad del terreno, ha tenido sentencias favorables que ordenaron la restitución de las tierras. Un abogado que representa a Broers, Guillermo Hensel, aclaró que la resolución del juez se refiere a la parte del terreno que aún no ha sido desalojada, lo que deja el campo abierto para futuras acciones y conflictos.
Por otro lado, Luis Virgilio Sánchez, abogado de las comunidades mapuches Quintriqueo y Melo que habitan el lote en disputa, valoró la resolución del juez pero también planteó la nulidad del desalojo y la posibilidad de arbitraje. Desde su perspectiva, la falta de transparencia en el manejo del expediente resultó en inconvenientes para su labor como defensor.
El desalojo, que se llevó a cabo con la participación de la Policía provincial y oficiales de Justicia, encontró resistencia por parte de las familias de la comunidad Quintriqueo que estaban en el lugar durante el operativo. Tras ser notificadas sobre la orden del juez, las personas se retiraron voluntariamente sin que se produjeran incidentes significativos; sin embargo, la acción fue considerada solo parcialmente efectiva.
El operativo intentó avanzar hacia el área donde residía la comunidad Melo, pero los esfuerzos fracasaron y se tuvo que finalizar el despliegue. El juez Bonorino constató la "imposibilidad del desalojo" y ordenó el retiro de todos los actores involucrados. Para continuar con el proceso de restitución de los terrenos aún pendientes, será necesario un nuevo mandamiento.
La situación sigue siendo tensa y ambas partes buscan resolver el conflicto, aunque el abogado de las comunidades mapuches ya anticipó que se opondrán a cualquier nuevo intento de desalojo mientras haya planteamientos legales en juego. Esta prolongada disputa territorial no solo afecta a las partes directamente involucradas, sino que también resuena en un contexto más amplio sobre los derechos territoriales y la situación de las comunidades indígenas en la Patagonia.