Gobierno admite desvío de fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles
El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que parte de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles se destina al equilibrio fiscal, generando críticas en la oposición. El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, rebatió que la falta de mantenimiento de rutas no se debe a la falta de recursos, sino a decisiones del Gobierno.
En declaraciones recientes, el vocero del Gobierno, Adrián Ravier, reconoció que los recursos obtenidos a través del Impuesto a los Combustibles (ITC) se están utilizando en parte para sostener el equilibrio fiscal del Estado. Este hecho fue objeto de críticas por parte de diferentes sectores, incluidos políticos, que cuestionan la priorización de gastos en detrimento del mantenimiento y mejora de las rutas nacionales,
El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, expresó su desacuerdo con la justificación presentada por Ravier, asegurando que "la plata está" y que las rutas no se están mejorando porque "decidieron que las rutas esperen". Di Nápoli enfatizó que, si bien una parte del impuesto va a la Dirección Nacional de Vialidad, el resto es administrado por el Ministerio de Economía y mencionado que el estado de las rutas podría ser peor si no hubiese habido mantenimiento reciente.
El tema adquirió relevancia cuando el gobernador Sergio Ziliotto también se pronunció al respecto, indicando que el Estado retiene dinero que debería destinarse específicamente a las inversiones viales para utilizarlos en otros fines. Dicha situación ha generado preocupación entre las autoridades provinciales y la ciudadanía, que se ve directamente afectada por el estado de las infraestructuras viales.
Por su parte, un informe de un prestigioso diario nacional reveló que en los últimos dos años y medio, el Gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billón de pesos para el fideicomiso destinado a obras viales, pero solo destinó un cuarto de esa suma a proyectos específicos de infraestructura. De acuerdo a la información, más de 1 billón de pesos permanecen actualmente en inversiones financieras, inactivas respecto a cualquier mejora en las rutas.
La contradicción entre la necesidad de mantenimiento de infraestructuras y la utilización de esos fondos para equilibrar el presupuesto gubernamental pone en evidencia la complejidad de la gestión fiscal en un momento económico desafiante. Este contexto resalta la tensión existente entre las jurisdicciones y el Gobierno central en torno a la administración de recursos públicos.
El futuro inmediato de las obras viales dependerá de las decisiones que adopte el Ejecutivo respecto al uso de estos fondos, en un clima donde la comunidad demanda mejoras necesarias para garantizar la seguridad y conectividad en las rutas. Las autoridades locales seguirán presionando para que se prioricen las inversiones en infraestructura, un tema que se espera continúe en el centro del debate político.
Entre tanto, el impacto en las rutas y la movilidad de la población seguirá siendo un tema de preocupación para los ciudadanos, quienes demandan respuestas accesibles sobre el destino de los impuestos que están destinados a garantizar un sistema vial en condiciones adecuadas.