Gobierno de Costa Rica implementa reformas en el sistema penitenciario nacional

El Gobierno de Costa Rica introdujo recientemente un paquete de reformas al sistema penitenciario nacional, con el objetivo de endurecer las condiciones dentro de las cárceles y reafirmar la autoridad del Estado en el combate a la criminalidad organizada.

Durante una rueda de prensa, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, explicó que se tomarán varias medidas inmediatas para transformar el funcionamiento del sistema. Una de las decisiones más destacadas es la eliminación de televisores en todas las celdas de los reclusos, una acción que busca reorganizar el ambiente penitenciario y reducir los beneficios que tienen los internos.

Además, se prohibirán las visitas íntimas para los reclusos, lo que implica la suspensión de traslados de internos a otros centros para mantener encuentros con sus parejas. Esta medida ha generado controversia, ya que el Gobierno ha indicado que estos traslados eran una carga económica para el Estado.

La normativa también incluye la restricción de visitas íntimas a reclusos, impidiendo que una misma persona pueda visitar más de un interno a la vez. Esto responde a situaciones detectadas donde visitantes mantenían autorizaciones simultáneas para múltiples centros penitenciarios, lo que a la administración actual le resulta inaceptable.

Entre otras reformas, se anunció la reubicación de los internos identificados como líderes de grupos criminales dentro de las prisiones, buscando reducir su influencia sobre otros reclusos. Asimismo, el Ministerio de Justicia procederá con la rotación de directores y oficiales penitenciarios en los centros, una medida destinada a evitar la formación de vínculos que comprometan la gestión interna y a reforzar los controles administrativos.

En paralelo, la Unidad de Inteligencia Penitenciaria comenzará a trabajar en conjunto con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional para investigar el patrimonio de funcionarios penitenciarios, buscando detectar irregularidades en sus conductas. Cualquier funcionario que sea sorprendido introduciendo contrabando o coludido con organizaciones criminales enfrentará penas severas.

Estas medidas son parte de un esfuerzo más amplio por parte del Gobierno costarricense para mejorar la seguridad y el funcionamiento de las cárceles, en un contexto donde la lucha contra el crimen organizado se ha vuelto una prioridad nacional.