Gobierno saliente de Petro planea mover fondos del Fondo Adaptación

La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, ha señalado que el gobierno del presidente saliente Gustavo Petro planea trasladar más de $1,2 billones destinados a obras en la región de La Mojana hacia la atención de la emergencia por el fenómeno de El Niño. Esta medida, según Rodríguez, estaría desprovista de un sustento técnico adecuado y contraviene decisiones ya establecidas hasta el año 2029 respecto a la utilización de dichos fondos.

Las alertas sobre esta situación surgieron el 23 de julio de 2026, cuando se promulgó el Decreto 0802. A raíz de este decreto, la gerente del fondo envió un comunicado a varias instituciones estatales, incluyendo Presidencia, el Ministerio de Hacienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para advertir sobre la improcedencia de modificar la destinación de esos recursos, los cuales ya están legalmente comprometidos.

Rodríguez ha manifestado su preocupación ante el hecho de que no se convocó al Fondo Adaptación para discutir en una mesa técnica la situación real de los recursos antes de tomar una decisión significativa como esta. La funcionaria expresó claramente que la posible reasignación de fondos podría estar más motivada por intereses políticos que por una evaluación técnica exhaustiva.

En un contexto más amplio, el desplazamiento de estos fondos es objeto de una política pública nacional que ha sido construida en los últimos diez años, respaldada por documentos jurídicos y presupuestales. Rodríguez resaltó que los recursos no representan saldos disponibles para libre asignación, sino que poseen una destinación específica, lo que complica su reubicación para fines no previstos originalmente.

El anuncio de Petro, que se realizó durante uno de sus últimos consejos de ministros el 21 de julio, generó una fuerte controversia. Según el presidente, estos fondos deberían ser utilizados para la emergencia y no para los proyectos en La Mojana, que hasta ahora no habían sido ejecutados. Sin embargo, Rodríguez dejó en claro que los fondos estaban destinados a obras ya planificadas y que su uso alternativo podría desencadenar acciones legales.

La situación se complica aún más con el riesgo de que el traslado de recursos se interprete como una falta a las normas establecidas, dado que el Código Penal contempla sanciones por decisiones que contravengan el marco jurídico.

Rodríguez reafirmó su postura al señalar que los servidores públicos deben adherirse a sus funciones legales y no a criterios políticos en la gestión de recursos públicos. Este conflicto en la gestión del Fondo Adaptación podría repercutir en la ejecución de obras fundamentales en regiones vulnerables como La Mojana, un área que enfrenta desafíos significativos debido a fenómenos climáticos como El Niño.