Hija de Ernesto Ruffo denuncia trato indigno tras prolongada audiencia

La situación del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se volvió crítica luego de que su audiencia inicial se extendiera por más de 24 horas. Su hija, Verónica Ruffo, publicó un video para expresar su preocupación por el trato que recibe su padre, describiéndolo como "indigno" tras su arresto el 16 de julio, que incluyó un traslado a más de dos mil kilómetros de su hogar.

Ruffo enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, conocidos como huachicol fiscal, aunque su hija asegura que su estilo de vida modesto no es indicativo de tales delitos. Afirmó que su padre ha vivido de manera sencilla en Ensenada, donde ha sido reconocido por su cercanía con la comunidad.

Verónica Ruffo destacó la trayectoria política de su padre, quien fue el primer gobernador de oposición en Baja California y dedicó más de 40 años a la función pública sin máculas en su honor. En este sentido, expresa que lo que está viviendo actualmente es un trato ‘humillante’ que va en contra de su dignidad y derechos como individuo.

Durante la audiencia, que se llevó a cabo sin acceso a la prensa, la hija del exgobernador solicitó que se garantice la presunción de inocencia y el debido proceso, haciendo énfasis en que este asunto no debe ser politicado ni juzgado mediáticamente. Verónica hizo un llamado para que se exijan condiciones de justicia y transparencia en el tratamiento de su padre, justificando que esa es la enseñanza que le ha transmitido.

Ruffo Appel, junto a otras siete personas, se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos vínculos con una red criminal dedicada al huachicol fiscal. Los cargos que enfrenta podrían conllevar a la prisión preventiva oficiosa, lo que significaría que podría permanecer detrás de las rejas durante la duración del proceso penal.

El exgobernador, a sus 72 años, sigue siendo una figura relevante en la historia política de Baja California. Su detención ha desencadenado un debate sobre las condiciones de su arresto y la legalidad de los procedimientos que se están llevando a cabo. La situación plantea interrogantes sobre el tratamiento de los exfuncionarios y la presunción de inocencia en el sistema judicial argentino.