Hombre condenado a 12 años por abuso sexual de hijas de su expareja en Bariloche

Un hombre fue condenado a 12 años de prisión luego de aceptar su responsabilidad en el abuso sexual de las dos hijas de su expareja. Esta decisión se logró a través de un acuerdo de juicio abreviado, llevado a cabo minutos antes de la audiencia donde se iba a seleccionar el jurado. La Fiscalía, encabezada por el fiscal Nicolás Vasiliev, impulsó este acuerdo, el cual fue aprobado por la querella y aceptado por la defensa del imputado.

Los abusos, según la investigación, se llevaron a cabo de manera sistemática desde abril de 2015 hasta el 14 de agosto de 2020 en distintas viviendas de la Comarca Andina. El condenado, quien era la pareja de la madre de las víctimas, abusó de su posición de confianza y el vínculo familiar para perpetrar los delitos. Este caso fue calificado como abuso sexual triplemente agravado, ya que se trató de un acceso carnal con menores de 18 años y bajo su responsabilidad como encargado de la guarda.

Durante todo el proceso judicial, se priorizó el interés superior de las menores, asegurando su derecho a ser escuchadas y evitando su revictimización. Una de las niñas expresó su conformidad con el procedimiento judicial, manifestando su deseo de que otros menores no sufran abusos similares. La madre de las víctimas también destacó la importancia de que sus hijas pudieran declarar y ser escuchadas, considerando el fallo como un paso reparador, aunque el impacto de los abusos sigue presente en su vida familiar.

Para proteger la identidad de las menores, se mantuvieron en reserva los datos personales del condenado y las localizaciones exactas de los hechos, respetando la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral. Asimismo, se reiteró la necesidad de informar de inmediato cualquier situación de abuso a las autoridades, resaltando el acompañamiento profesional ofrecido por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).

Este caso resalta la importancia de los mecanismos de protección y respuesta ante el abuso infantil en la región, así como la necesidad de dar voz a las víctimas y garantizar su bienestar. La condena alude a un compromiso por parte del sistema judicial para actuar en defensa de los derechos de los menores.