Hugo Sigman defendió la legalidad en la compra de vacunas contra el Covid-19

Hugo Sigman, el conocido empresario farmacéutico y titular del grupo INSUD Pharma, brindó una declaración ante el juez federal Ariel Lijo, enmarcada en la causa por la adquisición de vacunas contra el Covid-19. En su presentación, el empresario negó cualquier tipo de irregularidad en las negociaciones con las compañías AstraZeneca y Sinopharm, que se llevaron a cabo durante la pandemia.

Sigman argumentó que las contrataciones se realizaron en un contexto excepcional marcado por la escasez de insumos médicos a nivel global. Aclaró que la participación de su laboratorio, Mabxience, en la producción de la vacuna de AstraZeneca fue por elección de la multinacional, ya que la firma carecía de instalaciones adecuadas en la región sudamericana para llevar a cabo la producción.

En cuanto a su participación con Sinopharm a través de Elea Phoenix, Sigman especificó que esta relación fue estrictamente técnica y destinada al desarrollo de ensayos clínicos, descartando que haya existido algún perjuicio financiero por el volumen de dosis adquiridas por el gobierno argentino. También destacó que las supuestas demoras en los acuerdos con Pfizer se debieron a condiciones contractuales que la compañía estadounidense requería y que, a su vez, estaban sujetas al marco legislativo aprobado por el Congreso.

La investigación que se lleva a cabo también indaga sobre posibles prácticas de tráfico de influencias, mencionando a exfuncionarios como Ginés González García y Carla Vizzotti. Sin embargo, Sigman subrayó que sus relaciones con las autoridades sanitarias no evidencian la existencia de maniobras fraudulentas.

La Justicia ahora evalúa las pruebas documentales presentadas en el caso antes de decidir sobre la situación procesal del empresario. Este caso ha generado gran interés público debido a la polémica en torno a las gestiones de adquisición de vacunas en un momento crítico de la pandemia y la gestión sanitaria del anterior gobierno. La resolución de este proceso judicial podría tener repercusiones significativas tanto a nivel empresarial como en la percepción pública de las decisiones tomadas durante la crisis sanitaria.